Ya son catorce entidades federativas -casi la mitad- del país las que reconocen en sus Códigos Penales el derecho a la identidad de género. Este 20 de julio del 2021 el Congreso del Estado de México aprobó las modificaciones a la ley local que garantizan este derecho, permitiendo que las modificaciones de datos sexogenéricos sean un trámite administrativo y no obliguen a las personas a enfrentar un proceso jurídico. 

Con 59 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones pasó este dictamen. A la espera de que sea publicado en la gaceta oficial, la población mayor de edad del Estado de México, podrá modificar el nombre y género que aparecen en su Acta de Nacimiento. 

La rectificación del Acta de Nacimiento será un trámite administrativo que podrá realizarse ante la o el Oficial del Registro Civil, con previa anotación correspondiente. 

El derecho a la identidad de género está reconocido en otras 13 entidades: Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

Aunque sólo las legislaciones locales de Oaxaca y Jalisco contemplan a los menores de 18 años para acceder a este proceso, como parte del reconocimiento del derecho a las "infancias trans", que implica el desarrollo autónomo de los y las niñas.  

¿De qué va la Ley de Identidad de Género?

La aplicación de esta ley implica un conjunto de reformas locales que reconocen que las personas pueden no identificarse con el sexo y el género que les fueron asignados al nacer. En línea con este reconocimiento las autoridades civiles tendrán la facultad de ofrecer un trámite administrativo para que estas personas puedan modificar sus documentos oficiales sin ir a un juicio.

El derecho a la identidad de género está contemplado en los Principios de Yogyakarta, y reconocida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), implica "la vivencia interna e individual de género tal como cada persona la siente profundamente", esta percepción puede corresponder o no con lo asginado en el nacimiento y en caso de no coincidir, el proceso de elección de identidad puede o no involucrar cambios en la apariencia física, funciones corporales, tratamientos hormonales, cirugías, etcétera. La aplicación o no de estos cambios sólo puede ser decidida por cada persona de manera individual y autónoma. 

Bajo estos argumentos, el acceso a la identidad de género es un derecho humano y la no criminalización u obstaculización a estos procesos debe considerarse una prioridad de los estados. La ONU (Organización de las Naciones Unidas) continúa invitando a los países a reconocer legalmente el derecho a la identidad de género; de no hacerlo se contribuye a la discriminación, desigualdad; además limita la autodeterminación, autonomía e integridad física y mental de las personas.