La ley de aguas: lo bueno, lo malo y lo que sigue faltando

La discusión sobre la nueva ley de aguas no es un tema técnico reservado a especialistas. Nos afecta a todos. Afecta lo que bebemos, lo que comemos, lo que producimos y hasta dónde podemos vivir. El agua dejó hace mucho de ser solo un asunto local o ambiental; es hoy un tema de seguridad nacional. Por eso vale la pena ordenar el debate en tres planos, muy simples pero muy claros: lo bueno, lo malo y lo faltante en este proceso de aprobación.

Lo bueno: por fin se movió algo

Lo primero que hay que subrayar es que sí era necesaria una nueva ley. Durante años se acumularon agravios, abusos y vacíos. Sequías prolongadas en algunas regiones, tandeos en zonas urbanas, inundaciones en otras, cuencas contaminadas, sobreconcesiones y una distribución desigual que beneficiaba a unos cuantos y dejaba en vulnerabilidad a muchas comunidades. En ese contexto, que el gobierno haya decidido revisar y cambiar el marco legal es, sin duda, una buena noticia. Se reconoció que el modelo vigente ya no respondía a la realidad climática, demográfica ni productiva del país. Era evidente que el agua estaba siendo utilizada como recurso infinito cuando es todo lo contrario.

También es positivo que, en el camino, se hayan modificado puntos de la iniciativa original después de escuchar a quienes salieron a protestar, a las comunidades organizadas, a académicos y a usuarios agrícolas e industriales. No siempre ocurre en México que una ley se ajuste tras manifestaciones y reuniones; aquí, al menos en algunos temas, sí hubo rectificaciones. Es un reconocimiento implícito de que había temas mal planteados o insuficientemente discutidos.

Por supuesto, la ley afecta intereses. Afecta a personas, empresas, comunidades que estaban acostumbradas a cierto régimen de uso o de concesiones. A esos sectores hay que seguir escuchándolos y atendiéndolos. Pero eso no quita el punto central: era necesario cambiar la ley. Mantener todo igual, con el nivel actual de estrés hídrico, no era opción.

Lo malo: el nivel del debate político

Si lo bueno es la decisión de actualizar el marco legal, lo malo fue la forma en que se aprobó en el Congreso. Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores vimos un guion que tristemente ya conocemos: las discusiones pasaron de la racionalidad al fanatismo, y de ahí al insulto personal.

Lo que debió ser un debate de Estado, con datos técnicos, mapas de cuencas, estudios de impacto y escenarios de largo plazo, terminó por convertirse en una pelea por un botín. Se acusaban unos a otros de tener más derechos de agua que el vecino, de estar defendiendo intereses de ciertos grupos, de buscar quitar concesiones a unos y blindar privilegios para otros. Se personalizó lo que tendría que haber sido una discusión estructural.

Algo que trasciende a las personas –el diseño de la política hídrica de un país entero– no debió caer en discusiones tan bajas. Cuando el tema es el agua, no se trata de quién “pierde” o “gana” políticamente en la sesión, sino de cómo garantizamos que en diez o veinte años tengamos algo que repartir. La forma sí importa: un mal debate deja una mala narrativa, y una mala narrativa reduce la legitimidad de la ley, aunque algunos contenidos sean correctos.

Lo faltante: el impacto económico y productivo

Si uno revisa las reacciones posteriores, hay algo que claramente sigue faltando: un buen análisis del efecto económico de la ley en distintos sectores. Los temas ambientales y de justicia hídrica son fundamentales, pero no pueden ir desligados del impacto en la actividad económica.

Falta, por ejemplo, un diagnóstico claro y público sobre la industria que consume grandes volúmenes de agua: minería, bebidas, agroindustria, energía, manufactura pesada. ¿Cómo se verán afectadas? ¿Qué inversiones serán viables y cuáles no? ¿Qué tiempos de transición tendrán? El agua es insumo, no solo paisaje, y cambiar las reglas de su uso impacta en costos, empleos y localización de inversiones.

También falta un análisis serio sobre la productividad agrícola. En muchos casos, las zonas más productivas del campo son también las de mayor acceso al riego. Si, en nombre de la equidad, se reduce el agua disponible para esos campos para repartirla entre más pequeños productores, es válido discutirlo, pero hay que decirlo con todas sus letras: se puede bajar la productividad total si no se acompaña con tecnología, capacitación y apoyos a esos pequeños productores. No se trata solo de a quién le quitamos y a quién le damos, sino de qué producimos, cuánto y a qué costo.

Lo mismo aplica para las ciudades: una nueva ley de aguas debería venir acompañada de una política explícita sobre fugas, tarifas, subsidios y reconversión urbana. Si no se toca el tema de cómo usan y desperdician agua las grandes urbes, el esfuerzo se queda a medias.

Lo que sigue

En resumen, la ley de aguas tiene algo rescatable, algo claramente criticable y algo que sigue pendiente. Lo rescatable es que por fin se reconoció la urgencia de actualizar el marco legal y se movieron piezas que llevaban décadas atoradas. Lo criticable es el nivel del debate político que terminó reduciendo un tema de Estado a un intercambio de acusaciones personales. Y lo pendiente es un ejercicio serio de evaluación de impacto económico y productivo, que ayude a ajustar lo que sea necesario antes de que los costos sean irreversibles.