El sábado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó a la Cámara de Diputados la tercera entrega del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, resultado del ejercicio de verificación del uso de los presupuestos asignados a los distintos programas para el ejercicio fiscal 2019.

En este documento se presentó el informe de la auditoria de cumplimiento forense sobre la gestión financiera de la Secretaría de Cultura, en el que se auditó en específico al sector central de la dependencia, que para el ejercicio fiscal 2019 recibió poco más de 5,203 millones de pesos, de los cuales eligió una muestra de 49%, es decir que se rastrearon los movimientos por unos 2,547 millones de pesos.

De esta revisión, la Auditoría reportó 22 irregularidades vinculadas a adjudicaciones directas o no apegadas a la norma, “pagos en exceso” en gastos hormiga, subcontratación y no presentación de documentación justificativa y comprobatoria de la correcta prestación de servicios por los que pagó la dependencia que encabeza Alejandra Frausto Guerrero.

Destaca la mención de la agencia Viajes Premier S.A., que al menos en la presente administración, se ha encargado de administrar recursos por hospedaje, alimentación, transporte aéreo o terrestre y el pago de honorarios para artistas y talleristas, que presta servicio en el programa prioritario Cultura Comunitaria. El documento menciona que Viajes Premier junto con la empresa Artmex S.A. han pagado boletajes aéreos y terrestres de los que no se halló justificación realizados por las titulares de las subsecretarías de Desarrollo Cultural (Marina Núñez Bespalova) y Diversidad Cultural (entonces Natalia Toledo) por unos 211,700 pesos.

Asimismo, indica el reporte, en 2019 Cultura federal transfirió recursos a ocho estados como parte del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), sin embargo, “la SC no llevó a cabo una buena planeación, control, supervisión y cierre de los proyectos apoyados” y no emprendió acciones administrativas ni legales en contra de aquellos beneficiarios por incumplimiento en la aplicación de los recursos.

Y es que, indica la ASF, ninguno de los beneficiarios reintegró los recursos públicos federales que no fueron aplicados en los plazos establecidos en la normatividad aplicable. Además, la mayoría incumplió con los plazos establecidos en la ejecución de los proyectos y algunos hasta utilizaron los recursos para fines distintos a los establecidos en el PNR. Incluso se detectaron casos de autofacturación por parte de los beneficiarios para la comprobación de la aplicación de los recursos públicos, así como transferencias de recursos a servidores públicos.

Además, el reporte indica que en 2019 Cultura federal pagó en el sector central más de 42,977 millones de pesos en remuneraciones a servidores públicos por plazas no autorizadas y otros 33,223 millones de pesos por plazas no autorizadas en las unidades responsables.

Los señalamientos se hallaron en áreas diversas: contrataciones de servicios de limpieza, jardinería, fotocopiado y digitalización, mudanza, arrendamiento inmobiliario, audio, iluminación y mobiliario, seguridad, vigilancia y renta de vehículos, entre otros.

En resumen, durante esta auditoría —cabe reiterar que por el 49% de los recursos destinados al sector central en el ejercicio fiscal 2019— resultaron pendientes de aclaración los movimientos de poco más de 1,707 millones de pesos.

“La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a utilización de los recursos públicos federales para fines distintos a los aprobados, así como el uso indebido de atribuciones, entre muchas conductas reincidentes que se han determinado en diversas auditorías realizadas a la dependencia”, indica el reporte de la ASF.

“Tenemos toda la información y la presentaremos”: SC

Por su parte, en conferencia ofrecida este domingo, Omar Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura, explicó que “todo tiene justificación y de todo tenemos los testigos de que se prestaron los servicios y se contrataron a las personas. Es una auditoría que todavía no se concluye y nosotros tenemos la oportunidad de seguir aportando información. Lo que sucedió básicamente es que el personal de la ASF acotó la solicitud de información (…) no pidió la totalidad de los instrumentos administrativos con los que se cuenta para la fiscalización, como anexos técnicos o investigaciones de mercado, y solo se entregó lo que la ASF estaba solicitando”.

Sin embargo, indicó, “nosotros fuimos claros con ellos de que tenían toda la información disponible en las oficinas de la secretaría. Aunque hay montos (pendientes) importantes, no quiere decir que todo el proceso es irregular, sino que se observan en algunos momentos alguna información que le hace falta a la ASF. Contamos con ella y se presentará para el desahogo”.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx