Eximen al Ejército y suman más víctimas en caso Ayotzinapa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026 sobre el caso Ayotzinapa, en el sostuvo que las investigaciones previas incurrieron en deficiencias que vulneraron los derechos a la verdad y a la justicia, sin embargo, existen diferencias con informes anteriores de ésta y otras dependencias ligadas al caso.

El nuevo informe, sostuvo que no hay evidencia objetiva que acredite la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la desaparición forzada de los normalistas, una postura que contrasta con las conclusiones del sexto informe y último del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en 2023.

Según lo que detalló la CNDH, el personal militar carecía de facultades legales para intervenir en una situación que ya estaba siendo atendida por autoridades civiles, quienes además rechazaron el apoyo militar en al menos dos ocasiones.

A diferencia del GIEI, que denunció un “apagón informativo” y ocultamiento de archivos, la CNDH afirma que la Defensa ha mostrado “plena apertura y disposición para colaborar”, entregando miles de documentos y respondiendo a todos los requerimientos de información.

Para el organismo, la narrativa de la responsabilidad militar ha sido una “construcción cuidadosa” sin respaldo técnico-administrativo suficiente.

Ruptura con investigaciones anteriores

Dicha recomendación marcó distancia con los informes del GIEI, así como la propia Recomendación 15VG/2018 emitida por la CNDH.

Respecto al grupo de expertos internacionales, el organismo consideró que sus conclusiones fueron “sesgadas, interpretativas y manipuladas”, al sostener que privilegiaron una narrativa encaminada a responsabilizar al Ejército sin pruebas suficientes.

Asimismo, la Comisión desestimó la recomendación emitida por la CNDH en 2018, al considerar que respaldó la denominada “verdad histórica” de la entonces Procuraduría General de la República, la cual sostenía que un grupo de estudiantes fue incinerado en el basurero de Cocula, hipótesis que el nuevo documento también rechaza.

Mientras que, sobre la fiscalía especial del caso cuestionó que durante la gestión de Omar Gómez Trejo se haya permitido la liberación de perpetradores confesos basándose en denuncias de tortura no ratificadas por el Protocolo de Estambul.

En cambio, la recomendación plantea que la búsqueda debe orientarse a nuevas líneas de investigación sustentadas en información y comunicaciones obtenidas posteriormente.

Cambio de cifras

Otro cambio del documento es la actualización del universo de personas afectadas por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

La CNDH reconoció ahora 92 estudiantes como víctimas directas de violaciones graves a derechos humanos, frente a las 83 documentadas en la recomendación de 2018.

De ese total, identificó 40 casos de desaparición forzada, seis ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la de Julio César Mondragón —cuya muerte calificó como resultado de actos de extrema violencia perpetrados por integrantes de Guerreros Unidos y policías locales—, además de estudiantes lesionados y sobrevivientes que fueron víctimas de tortura, uso excesivo de la fuerza o tratos crueles.

El organismo informó además que integró un Listado General de Víctimas que supera las 800 personas, entre víctimas directas e indirectas, con el propósito de facilitar su incorporación al Registro Nacional de Víctimas y garantizar medidas de atención y reparación.

Otro de los cambios relevantes se refiere al caso de Julio César Mondragón. La recomendación de 2018 atribuía las lesiones en su rostro a la acción de la fauna depredadora tras su muerte. El documento de 2026 modificó esa conclusión y sostuvo que fue víctima de tortura mediante el uso de objetos cortopunzantes antes de una ejecución extrajudicial, además de señalar la presunta participación de un integrante de Protección Civil de Iguala.

En cuanto al destino de los estudiantes desaparecidos, la nueva recomendación deja de lado la hipótesis del basurero de Cocula y plantea continuar las investigaciones mediante nuevas líneas de búsqueda sustentadas en otros elementos probatorios.

Dichos contrastes también alcanzaron a la CoVAJ, cuyos informes habían insistido en profundizar la búsqueda de archivos militares y en esclarecer la actuación de integrantes del Ejército durante los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.