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Falta conocer cómo funcionará el mecanismo para personas desaparecidas: Edgar Cortez
Tenemos muchas deficiencias en las instituciones encargadas de implementar esta política nacional, señala el coordinador de proyectos del IMDHD.
El exponencial incremento de casos de personas desaparecidas del 2006 a la fecha se explica por al menos cuatro elementos: la confrontación entre el gobierno y los grupos de narcotraficantes generada por la estrategia de combate implementada por el gobierno federal que los motivó a tratar de conservar sus territorios; poner el acento de la estrategia en ir por las cabezas de los grupos criminales; el incremento del mercado interno de drogas, y privilegiar el uso de la fuerza para atacar el problema, planteó Edgar Cortez.
En entrevista, el coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) dijo que lo que quedó claro es que había un mercado donde participaban muchos operadores que no estaban dispuestos a abandonar el negocio, lo cual ocasionó que se incrementara la confrontación entre las fuerzas armadas, que fue el instrumento al que recurrió el gobierno mexicano, y los grupos de delincuentes.
“En la lógica de las fuerzas armadas, primero el Ejército y luego la Marina, en muchos casos sí entraba una lógica de propia mano”.
Explicó que frente a las deficiencias para construir una acusación sólida contra posibles dirigentes del narcotráfico, la alternativa era: tomemos la justicia bajo nuestra responsabilidad y eso creo que significaba acciones de tortura, de desaparición, ejecuciones extraordinarias.
El especialista destacó que “el gran marco de todo esto es el tema de la impunidad” porque se sabía y había una conciencia de que para quien cometiera este tipo de delitos, ya sea delincuencia organizada o de las instituciones, las probabilidades de tener que responder por esos hechos (desaparición de personas) eran realmente escasas, por falta de efectividad de nuestras instituciones de investigación.
Hubo avances pero hay muchos retos
Comentó que desde el gobierno del presidente Ernesto Zedillo se realizaron intentos institucionales para generar condiciones de seguridad y combatir la violencia e inseguridad. Se creó la Policía Federal Preventiva, que tuvo un buen comienzo, pero no se hizo el trabajo necesario para desarrollar capacidades institucionales para la persecución del delito.
“No se siguió en el desarrollo de pesquisas”.
Además, dijo que tenemos 15 años discutiendo qué hacemos con las policías locales sin llegar a una conclusión, por lo que el resultado es “un déficit de policías profesionales, capacitadas”.
Indicó que si bien desde el 2008 se trató de impulsar el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo que se tiene hasta ahora es que no hubo procesos integrales de implementación y lo que se tiene es un sistema muy deficiente.
En ese escenario, añadió, “el asunto de la impunidad derivada de la falta de efectividad para investigar delitos”.
Edgar Cortez opinó que la Estrategia Nacional de Búsqueda de personas Desaparecidas presentada por el gobierno federal es un anuncio positivo, sobre todo porque hubo un diálogo con los colectivos de las víctimas.
Sin embargo,expresó que todas estas medidas están en la Ley General de Desaparición Forzada, promulgada en noviembre del 2017, pero el problema es que no se ha implementado una política pública para atender el problema.
Comentó que hacen falta conocer los “cómos” se van a llevar a cabo esas acciones y cómo se van a evaluar los resultados. “No hay ni los cómos ni los cuándos”.
La gran preocupación, añadió, es cómo se van a desarrollar las capacidades de la Fiscalía General y las estatales para investigar el delito de desaparición forzada, sobre todo porque en el caso del ámbito federal desde hace un año existe la fiscalía especializada y no se ha esclarecido ningún caso.
En su opinión, el problema es que tenemos deficiencias en las instituciones encargadas de implementar esta política nacional, pero además “nuestro sistema está enormemente fragmentado”.