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Fallan medidas para periodistas y defensores de DH
La ASF encontró deficiencias en la contratación de escoltas, el seguimiento de casos y la capacitación y perfil del personal que opera el mecanismo.
Al señalar deficiencias en la operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la contratación, prestación y capacitación en los servicios de seguridad contratados en 2020, por lo que determinó como recuperables 403,118 pesos de los recursos destinados al mecanismo.
A través de una auditoría de cumplimiento, como parte de la revisión a la Cuenta Pública de 2020, realizada al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la ASF determinó 15 recomendaciones y ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, ello al identificar, entre otras cosas, que la prestación del servicio otorgado por el Servicio de Protección Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no acreditó el servicio por el que se pagó un total de más de 403,000 pesos, ya que de cinco facturas no se proporcionaron los controles de asistencia del personal que otorgó el servicio.
Servicios de RCU
La ASF halló inconsistencias en los servicios prestados por la empresa RCU Sistemas, S.A. de C.V., contratada para el Mecanismo de Protección.
Según las observaciones, dicha empresa no logró acreditar los gastos en nueve facturas sobre la prestación de servicios de los que se pagaron 55,000 pesos por concepto de arrendamiento de sensores, suministro de gasolina, arrendamiento de inmueble amueblado (refugio de seguridad) y de un arrendamiento de equipo de telefonía satelital.
Se identificó que tampoco cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar el servicio. RCU dijo a la Segob tener personal subcontratado con una empresa, sin embargo, luego de la que ASF realizara una visita domiciliaria a la empresa subcontratada, se comprobó que ésta también subcontrata los servicios de escoltas.
La ASF halló, a su vez, que en al menos 136 casos, el reporte de activación de alarmas no funcionaba y no se acreditó que se elaboraron las bitácoras de las llamadas telefónicas realizadas a los beneficiarios por el personal encargado de realizar el seguimiento.
Entre las deficiencias también destacan la falta de documentación que acredite que el personal encargado de realizar las actividades del Mecanismo de Protección tengan los perfiles de puestos que deben cubrir dichos servidores públicos.
Al tiempo que se identificaron deficiencias en la capacitación otorgada a los beneficiarios del mecanismo, respecto al uso de las medidas implementadas, e incluso, se observó que llega a tardar hasta 30 días naturales en ser proporcionadas dichas medidas de protección; además, la atención a las fallas reportadas por dichos beneficiarios no es oportuna.
Por último, La ASF advirtió que la extinción del fideicomiso, ordenado el 6 de noviembre de 2020, no se había llevado a cabo, por lo que los recursos no habían sido concentrados en la Tesorería de la Federación.