Lectura 7:00 min
Comunidades indígenas autónomas no sólo son resistencia, sino alternativa
El conversatorio Derechos de los pueblos indígenas ofreció muestras del trabajo organizativo de las comunidades indígenas autónomas. Los purépechas, por ejemplo, retomaron modos de vida tradicionales para contrarrestar las estrategias de los grupos de poder fáctico.
“Acá es donde se está haciendo la transformación del país”, sentencia en alusión a las comunidades indígenas, cuyas estrategias de defensa de sus derechos son procesos que constituyen alternativas “al viejo México de la corrupción, de los partidos políticos, de una democracia acotada y subordinada al capital”, en opinión de los participantes en el conversatorio Derechos de los pueblos indígenas.
Las citas corresponden a Raymundo Ortiz y a Orlando Aragón, respectivamente, abogados de las comunidades autónomas michoacanas de Nurío y Ostula, el primero, y de Cherán, el segundo. Estas comunidades indígenas iniciaron procesos que les llevaron a la autonomía —reconocida por la Suprema Corte—, como parte de las estrategias para detener la explotación de los recursos naturales en sus territorios y la acción del crimen organizado, “brazo armado del capitalismo clandestino” —según opinión del antropólogo Gilberto López y Rivas—, y ante la inacción del Estado para cumplir con sus obligaciones.
Ortiz, Aragón y López y Rivas fueron ponentes, junto a Guadalupe Martínez, Pedro Chávez, y Laura Papasergio en el conversatorio Derechos de los pueblos indígenas, que tuvo lugar el 29 de agosto en el Museo Memoria y Tolerancia, evento realizado en el marco de la celebración de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La autonomía da a las comunidades la facultad de elegir, mediante el método de usos y costumbres, a sus autoridades municipales y que éstas puedan interponer controversias constitucionales en contra de reformas que consideren una violación a los derechos de los habitantes. Pedro Chávez, miembro del Consejo Mayor de Cherán, uno de los órganos de gobierno de la comunidad autónoma, explicó que los purépechas debieron reconstituir sus modos de vida tradicionales como forma de contrarrestar las estrategias de los grupos de poder fáctico —incluido el crimen organizado— de amenazar, secuestrar y asesinar a las cabezas visibles de los movimientos de protesta y resistencia contra el despojo de su territorio y la explotación de sus recursos naturales, que en el caso de Cherán es la explotación de sus bosques.
“La premisa central de los partidos políticos es dividir y hacer que la comunidad se vuelva vulnerable”, dijo Chávez al explicar por qué Cherán se mantiene al margen de los procesos electorales en el país. Para el miembro del Consejo Mayor, los partidos políticos podrían incidir negativamente en la forma de organización de la comunidad autónoma, organización que debieron instaurar para desmantelar al aparato político en su comunidad, dado que éste no podía hacer frente a las necesidades de la comunidad, y en cambio favorecía las más de las veces a los poderes fácticos.
El cultivo del aguacate se ha suprimido en las comunidades de Cherán, a pesar de las altas ganancias que pudieran significar para sus pobladores. “Tal vez nos pudiera dar toda la riqueza pero está acabando con la propia vida”, explica Chávez, pues para el cultivo del fruto es necesario talar los bosques. “Desde hace siete años no hay cambio de uso de suelo, no hay tala de bosques, y lo que existe es una reconstitución de nuestro territorio”, puntualizó, refiriéndose a las tareas de reforestación y cuidado de sus recursos en sus poblaciones.
Estas resistencias y luchas por la defensa de sus derechos —que se han constituido en alternativas de organización social y política— han obligado a las comunidades participantes ha examinar el ejercicio de los derechos a su interior.
Las mujeres indígenas deben sumar a las desigualdades que les aquejan debido a su origen étnico, las resultantes de su condición de mujer. Así, Guadalupe Martínez, representante del Consejo Asesor de Mujeres Indígenas, señala que las mujeres sólo poseen en propiedad el 5% de la tierra. Y la exclusión de la propiedad de la tierra conlleva la del acceso a los recursos naturales, concretamente a plantas medicinales y alimenticias, así como al agua.
Por ello, la organización tradicional de Cherán debió dar espacio a órganos para la participación política de las mujeres, así como para el de los jóvenes, otro de los grupos que ven más vulnerados sus derechos. “El núcleo de la resistencia de los pueblos está en sus Asambleas, en el ejercicio de au autonomía”, citó Laura Papasergio, funcionaria de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), manifestando la relevancia de la organización de las comunidades indígenas autónomas.
La consulta es el mecanismo para definir y tomar decisiones en las comunidades indígenas, dijo Papasergio, compartiendo su experiencia en México como funcionaria de la ONU. Pero acotó que donde se han perdido los usos y costumbres, los marcos normativos tradicionales, la consulta ha sido un elemento de disolución de la comunidad en vez de uno que la una. Es la capacidad de reunirse en Asamblea, y el anteponer la cosmovisión de su cultura al interés individual lo que dará como resultado una comunidad fuerte que pueda defender sus derechos y territorios.
Para Raymundo Ortiz, el ejercicio de la autonomía de las comunidades indígenas ha puesto en entredicho la afirmación de que el ayuntamiento es la base necesaria del Estado. “El municipio es una imposición de esta forma occidental, colonizadora, de generar una administración pública, que va de arriba hacia abajo, y no de abajo hacia arriba”, dijo Ortiz.
En el mismo sentido, Orlando Aragón explicó cómo la organización política en torno a la figura del ayuntamiento ha tenido el efecto de afectar los derechos de las comunidades indígenas. Históricamente, en regiones con alta concentración de población indígena, las cabeceras municipales se asentaban en poblaciones que en términos cuantitativos eran dominadas por la población mestiza, grupo en el que recaía además el poder político. Así, las comunidades indígenas se veían desplazados del regir sus propios territorios.
Las formas de organización tradicional de los grupos indígenas han debido resurgir para defender sus derechos, y ante la entrada de nuevos poderes fácticos en sus territorios. A la estructura de los caciques, que con su poder económico se hacen de poder político con el que buscan arrebatar de sus territorios y recursos naturales, se suman ahora los grupos del crimen organizado —surgidos a raíz de la declaratoria de guerra que hiciera Felipe Calderón contra el narcotráfico— y las corporaciones trasnacionales con negocios extractivistas.
Sobre este último actor, Gilberto López y Rivas, de la organización Paz con Democracia, apunta a la estrategia de las corporaciones que han dado en llamar “ingeniería de conflictos”, y que para el académico es un eufemismo para la política de “plata o plomo”, es decir, a la coerción de las comunidades para que accedan a la explotación de sus recursos. Para López y Rivas, las corporaciones emplean estrategias que buscan debilitar la cohesión al interior de las comunidades, para así aprovechar la división resultante en su favor y acceder a la explotación de sus recursos.
En lo tocante al punto de si con la entrada de un nuevo gobierno se espera que la situación que las comunidades indígenas enfrentan, Aragón dijo: “Los grandes negocios no van a terminar”, en referencia a que los intereses económicos involucrados en esta problemática no se verían vulnerados por la nueva administración. No obstante, y dado el caso ejemplar de la comunidad de la que es defensor jurídico, dijo: “Cherán no es sólo resistencia, sino alternativa” al modelo de explotación capitalista y a la organización del Estado que lo apuntala.