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Registro de usuarios: ruta hacia la desconexión
Jorge Bravo | En comunicación
La buena noticia es que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) rectificó. La mala es que el problema sigue intacto. En lugar de suspender de forma simultánea millones de líneas móviles al concluir junio, el regulador amplió el plazo y escaló el registro conforme al último dígito de cada número telefónico.
La decisión evitó un apagón inmediato para millones de personas, pero mantuvo intacta la sanción. Quien no identifique su línea perderá el servicio hasta 72 horas después de vencer su fecha límite. El registro cambió de calendario, no de consecuencia. La amenaza de desconectar a millones de usuarios se preserva.
La modificación de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles reconoce un hecho evidente. El proceso no avanzó al ritmo esperado. La nueva ruta establece que las líneas cuyo último dígito sea cero deberán quedar identificadas antes del 15 de agosto. A partir de ahí, cada terminación tendrá un plazo adicional de 15 días hasta concluir el 31 de diciembre con las líneas terminadas en nueve.
La CRT confirmó que la suspensión del servicio ocurrirá en un plazo no mayor a 72 horas después de vencer la fecha correspondiente. El calendario cambió, la suspensión sigue siendo la consecuencia.
La ampliación del plazo fue una decisión acertada. Si la autoridad hubiera mantenido la fecha original, México habría enfrentado la suspensión de líneas para más de la mitad de los usuarios móviles. Ninguna política pública habría resistido el costo político, económico y social de dejar sin servicio a millones de personas en un solo día.
Al 25 de junio, 63 millones de personas habían identificado su línea, 39.1% del total. Equivalen a 40.2 millones de líneas prepago y 22.8 millones de pospago. Faltaron 98 millones de líneas por vincularse a las plataformas de registro.
¿Por qué millones de personas no quisieron identificar su línea? No es una sola causa. Existe desconfianza sobre el manejo de los datos personales, aún cuando los queden en posesión del operador telefónico. Persisten dudas sobre quién podrá consultar la información y bajo qué condiciones.
Muchos usuarios no encontraron razones suficientes para entregar sus datos cuando la autoridad no ha demostrado que el registro reducirá la extorsión o el fraude. También influyeron la falta de información, campañas de comunicación insuficientes, problemas tecnológicos durante el proceso y la complejidad para algunos segmentos de la población, especialmente usuarios de prepago, adultos mayores y habitantes de comunidades alejadas.
La regulación tampoco logró resolver una contradicción de origen. El objetivo consiste en combatir a delincuentes que utilizan la telefonía para cometer extorsión y fraude. Sin embargo, la consecuencia recae sobre quienes utilizan el servicio de manera legal.
El ciudadano que paga su línea, trabaja con ella, estudia, realiza operaciones bancarias, solicita transporte, recibe pedidos o mantiene contacto con su familia es quien enfrenta la pérdida de acceso a la red. La política pública y la regulación colocó la carga sobre el usuario y no sobre el delincuente.
Hoy una línea móvil no representa únicamente un número telefónico y un servicio de voz. Es la llave de entrada a Internet y a la economía digital. Una suspensión implica dejar de utilizar plataformas de movilidad, aplicaciones bancarias, comercio electrónico, logística, educación a distancia, telemedicina, autenticación de cuentas, mensajería instantánea y múltiples servicios públicos y privados. La desconexión no sólo afecta las comunicaciones, limita derechos digitales que dependen de la conectividad móvil.
El problema adquiere otra dimensión cuando se observa la posición de México en América Latina. De acuerdo con el Mobile Connectivity Index de GSMA, el país cerró 2025 con una penetración móvil de 110%. Esa cifra ya se encontraba por debajo de la mayoría de los mercados latinoamericanos. Uruguay alcanza 225%. El Salvador llega a 168%. Colombia registra 160%. Argentina suma 146%. Chile alcanza 130%. Incluso Guatemala supera ligeramente a México con 111%.
Ahora imaginemos el escenario que anticipa un análisis de Banamex. Que al cierre de 2026 queden suspendidas hasta 26 millones de líneas. Eso representa una reducción cercana a 18% del mercado móvil. En términos de penetración, México descendería de 110 a 90%. La cifra colocaría al país entre los niveles más bajos de América Latina, apenas por encima de Venezuela.
Una regulación creada para fortalecer la seguridad debilita la inclusión digital. Menos líneas activas significa menor adopción digital, menos usuarios de plataformas, menor utilización de servicios financieros digitales, menor actividad en comercio electrónico y una caída potencial en la productividad de miles de trabajadores independientes que dependen del teléfono móvil para generar ingresos. La conectividad forma parte de la infraestructura económica del país. Reducirla limita las oportunidades.
La mejor alternativa consiste en transformar el registro en un proceso permanente y no extraordinario. La identificación puede realizarse al contratar una línea, adquirir una tarjeta SIM, realizar una portabilidad o efectuar una recarga. Este modelo evita suspensiones masivas y permite mantener actualizada la información sin amenazar a los usuarios.
Las políticas públicas funcionan mejor cuando generan confianza que cuando imponen sanciones. La autoridad acertó al extender el plazo. La seguridad pública es una prioridad, pero no puede alcanzarse a costa de debilitar el acceso a Internet, la inclusión digital y el ejercicio cotidiano de derechos que dependen del teléfono móvil.
X: @beltmondi