Mundial 2026: ¿El Monopolio en la sala?

La organización del Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, que está por concluir, está acompañada por un creciente debate sobre la forma en que la FIFA comercializa boletos, paquetes de hospitalidad y servicios asociados. Diversas organizaciones de consumidores, grupos de aficionados, medios especializados y analistas han cuestionado la concentración del proceso de venta en canales controlados por la propia FIFA y sus socios comerciales exclusivos. La propia FIFA otorgó a On Location los derechos exclusivos globales para vender y operar el programa oficial de hospitalidad del torneo. Al mismo tiempo, organizaciones como Football Supporters Europe (FSE) y Euroconsumers presentaron una denuncia formal ante la Comisión Europea, argumentando que la FIFA utiliza su posición monopolística para imponer precios excesivos y condiciones de compra poco transparentes.

Desde una perspectiva regulatoria, las críticas apuntan a posibles problemas de competencia económica, protección al consumidor y transparencia comercial. La denuncia presentada en Bruselas sostiene que la FIFA controla de manera exclusiva la venta primaria de boletos para el Mundial y que esa posición dominante habría facilitado prácticas como precios dinámicos poco transparentes, publicidad de boletos de bajo costo con disponibilidad limitada, restricciones en los mecanismos de reventa y escasa información sobre la ubicación exacta de los asientos al momento de la compra. Los denunciantes alegan posibles infracciones al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe abusos de posición dominante. Aunque aún no existe una resolución definitiva sobre estas acusaciones, la controversia muestra cómo las actividades comerciales de las grandes organizaciones deportivas están cada vez más sujetas al escrutinio de las autoridades de competencia.

Los antecedentes en otros deportes demuestran que estos riesgos regulatorios no son hipotéticos. Durante años, organismos de competencia en la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos han investigado mercados de boletaje, reventa y derechos comerciales cuando existen indicios de exclusividad excesiva o restricciones que limitan la capacidad de elección de los consumidores. Asimismo, distintas federaciones deportivas internacionales han enfrentado investigaciones por el uso de su poder de mercado en la organización de competiciones y en la comercialización de activos asociados. El propio debate jurídico impulsado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de la Superliga reforzó la idea de que entidades deportivas como FIFA y UEFA pueden estar sujetas al derecho de la competencia cuando realizan actividades económicas.

Si las autoridades decidieran profundizar estas investigaciones, disponen de varias herramientas. Las agencias de competencia podrían analizar si la exclusividad otorgada a determinados operadores limita innecesariamente la entrada de competidores o permite imponer condiciones comerciales injustas. Las autoridades de protección al consumidor podrían revisar si la información proporcionada durante la compra es suficiente y si las estrategias de marketing generan presión indebida sobre los aficionados. ¿Alguien sabe qué harán al respecto nuestras autoridades mexicanas de competencia y de protección al consumidor?

El Mundial de 2026 representa una celebración global del futbol, pero también un caso de estudio sobre cómo las organizaciones con enorme poder económico deben equilibrar ingresos y responsabilidad pública. La lección trasciende al deporte: cuando un actor concentra la oferta, controla la información y restringe la competencia, aumentan los riesgos de abuso y disminuye la confianza de consumidores y empresas. En un entorno económico cada vez más vigilado por reguladores y ciudadanos, la legitimidad de los grandes eventos ya no depende únicamente de lo que ocurre en la cancha, sino también de la transparencia y equidad con las que se gestionan fuera de ella.