Huachicol fiscal: el secreto peor guardado por Pemex

Dos noticias llegaron desde Estados Unidos. Una confirmaba que el gobierno de Donald Trump no se salía del T-MEC, pero tampoco lo ratificaba, algo que los mercados ya habían descontado. La segunda fue un obús a la línea de flotación de las redes de corrupción en México, que confiaban plenamente en la impunidad local. La alerta conjunta de la FinCEN (la Red de Control de Delitos Financieros) y la OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro metió a Washington en el acto de corrupción más grande de la historia de México: el huachicol fiscal.

Ese esquema de contrabando masivo de combustibles mediante el engaño documental aduanero ya no es visto por el gobierno estadounidense como una simple trampa de evasión de impuestos o un problema doméstico de seguridad.

Lo que ahora queda claro es que, para las agencias de inteligencia financiera de aquel país, este es un mecanismo para lavar dinero de una forma descomunal que, además de implicar una amenaza directa a su seguridad nacional, detecta una fuente de financiamiento para campañas políticas en México.

Este es el tipo de hechos relevantes que no se diluyen en las noticias mundialistas; estos informes ya mueven la maquinaria judicial y financiera de Estados Unidos y van más allá de congelar activos a un grupo de personas con el tímido eco de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto habrá de llegar a las cortes federales estadounidenses, involucrará a instituciones financieras de ambos lados de la frontera y construirá casos de alto perfil transfronterizo.

Por supuesto que la retórica mañanera será la de costumbre: la defensa, al costo que sea, del gobierno anterior, que cada vez queda más al descubierto como la desgracia para México que fue. Sin embargo, son los propios números de Pemex los que dejan al descubierto el tamaño de las redes internas de complicidad o, por lo menos, de una grave negligencia.

Solo hay que cruzar los datos del Inegi sobre el parque vehicular con la demanda de movilidad reportada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para ver que hay una tendencia de consumo de combustibles estable y al alza; en contraste, las ventas internas reportadas en los estados financieros de Pemex reflejan un estancamiento inexplicable.

Y, para cerrar la pinza, los registros oficiales de exportación de combustibles refinados a México de la U.S. Energy Information Administration (EIA) superan por mucho los registros de importación legal de gasolinas reportados ante el SAT y la Secretaría de Economía. Esto significa que salen legalmente de Texas millones de barriles, pero desaparecen al cruzar la frontera. Esas son las evidencias del huachicol fiscal.

Toca a los investigadores, de cualquier parte que sean, llegar a la conclusión de si todo esto es un descontrol fiscal o una red política de complicidad con el crimen organizado para dar forma al mayor caso de corrupción sistémica que ha tenido México en su historia.

Y es justo ahora cuando inicia el complejo proceso de revisión del T-MEC con la muy válida pregunta: ¿cómo pedir a los socios norteamericanos confianza en las instituciones de un país donde la tercera parte de la energía opera en la clandestinidad del crimen que financia elecciones?