Corrupción en Salud: Soluciones del PAN para México

"Salud quebrada, bolsillos vacíos"

La corrupción en México no está en retirada. Está peor que nunca. Y el sistema de salud es su víctima más documentada, estimados lectores. El pasado 25 de junio, el Partido Acción Nacional presentó "111 Soluciones para rescatar a México" —https://bit.ly/4g29LLP—, siete de ellas para acabar con la corrupción en salud: gobierno en tiempo real, fiscales autónomos y contratos a concurso.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 141 de 182 países y territorios, con apenas 27 puntos sobre 100; dentro de la OCDE —el club al que México presume pertenecer— volvió a ocupar el último lugar en percepción de la integridad pública. Pero más allá de los índices, lo que esta corrupción les ha costado a los mexicanos tiene nombre, apellido y número de expediente clínico. Lo ocurrido en el sector salud en los últimos siete años, bajo los gobiernos de Morena, no tiene precedentes.

Cuando el gobierno eliminó el Seguro Popular y creó el INSABI, prometió acabar con la corrupción en las compras de medicamentos. Lo que siguió fue una concentración de decisiones, opacidad en las adquisiciones y fallas graves de abasto. En la revisión de 2021, la Auditoría Superior de la Federación documentó que el INSABI dejó pendientes de aclaración 751.8 millones de pesos en compras de medicamentos oncológicos y que, de una demanda inicial de 12.7 millones de piezas solicitadas por las instituciones públicas, solo entregó 643 mil, es decir, 5.1% del total requerido; En las 61 claves prioritarias para el cáncer, la entrega fue peor todavía: apenas 1,1% al primer trimestre de ese año. Buena parte de ese hueco se tradujo en tratamientos interrumpidos y en niños con cáncer que pagaron la ineficiencia con sus propias vidas.

El IMSS tampoco fue ajeno a este patrón. En 2022 y 2023, el instituto otorgó alrededor de 1,600 millones de pesos en contratos directos de medicamentos a 19 empresas de reciente creación —algunas con solo dos o tres meses de existencia— que vendieron insumos a precios sobrevaluados, con márgenes de hasta 678% por encima del precio de referencia. La Auditoría Superior de la Federación calculó daños probables al erario por 2,570 millones de pesos en ese período, derivados de compras irregulares, contratos con empresas inhabilitadas y servicios fantasma; la presión pública terminó por obligar al IMSS a cancelar y revisar más de 200 contratos relacionados con sobrecostos y deficiencias en el abasto.

El capítulo más reciente se llama "Birmex". En abril de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anuló la compra consolidada de medicamentos 2025–2026 —la más grande en la historia del sector salud— al detectar sobreprecios en 175 claves de medicamentos que representaban un sobrecosto cercano a 13 mil millones de pesos. Cuatro funcionarios de Birmex, incluido su director general, fueron removidos y se ordenó reiniciar el proceso licitatorio desde cero. El daño al erario puede discutirse en auditorías; el daño al paciente ya está hecho: entre 2019 y 2023, el colectivo Cero Desabasto documentó más de 82 millones de recetas no surtidas en instituciones públicas, un número que traduce la corrupción y la mala gestión en consultas inútiles, tratamientos suspendidos y familias obligadas a endeudarse para no abandonar la atención.

Todo esto ocurrió en un contexto de debilitamiento institucional deliberado. La eliminación de facto del INAI como garantía de la transparencia, el abandono del Sistema Nacional Anticorrupción, la ausencia de reglas claras en los programas sociales y una Fiscalía General de la República que actúa con motivaciones políticas antes que con vocación de justicia han dejado a la ciudadanía sin contrapesos eficaces. Según el INEGI, en 2023 el 83.1% de la población reportó que los actos de corrupción fueron frecuentes en su entidad y solo el 4.8% de las víctimas se atrevieron a denunciarlos. En materia de salud, cada contrato mal asignado y cada licitación anulada tarde no son solo un expediente administrativo: son la quimioterapia que no llegó, el antibiótico que se sustituyó por un préstamo familiar y la cama que se utilizó con retraso porque alguien decidió que la opacidad valía más que la vida de un paciente.

Frente a este historial, el Partido Acción Nacional propone en Soluciones para México siete medidas concretas para reconstruir la integridad pública:

1. Corrupción cero en vivo. Plataforma digital que publique en tiempo real todos los contratos, obras y gastos del gobierno —incluidas las compras de medicamentos—, con geolocalización y acceso inmediato para la ciudadanía. Que cada compra de pastillas sea rastreable desde el primer peso.

2. No más fiscales carnales. Las fiscalías anticorrupción y las contralorías serán autónomas y apartidistas. Su función será perseguir la corrupción, no proteger al funcionario de turno.

3. Verificación real del patrimonio. Declaraciones patrimoniales, fiscales e intereses verdaderamente auditables, interoperables y sujetos a cruces automáticos de información. No basta con que los funcionarios "declaren": hay que verificar.

4. Menos trámites, menos discrecionalidad. Simplificación de procesos y de la tecnología para eliminar los espacios donde florece la corrupción, junto con una cultura de integridad en el servicio público desde la formación de los funcionarios.

5. No más contratos para los cuates y compadres. Las adjudicaciones directas serán la excepción, no la norma. La regla general en los contratos gubernamentales —especialmente en salud— será siempre la licitación pública, abierta y competitiva. El 75% de las adjudicaciones directas en medicamentos no puede volver a ocurrir.

6. Servidores públicos profesionales. Restablecimiento de un servicio civil de carrera moderno. Los funcionarios de salud llegarán a sus puestos por mérito y permanecerán en ellos por resultados, no por lealtades políticas.

7. Auditoría Superior con dientes. Auditorías concurrentes y preventivas en programas prioritarios de salud; semáforos de riesgo para transferencias federales; y suspensión automática de pagos ante alertas graves. La ASF dejará de documentar el daño una vez que ocurra para empezar a prevenirlo.

Referencias:

[1] Partido Acción Nacional (2026, Junio 25). Soluciones para México. https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/panpublic/Soluciones-para-mexico.pdf

*El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.