Alianza público-privada para la autosuficiencia alimentaria

La incertidumbre global, generada por diversos conflictos, pone en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país y hace evidente la urgencia de trabajar para alcanzar la autosuficiencia, lo que nos permitirá enfrentar los impactos de los factores externos.

En este contexto, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de crear condiciones para garantizar el derecho a la alimentación. Para ello es fundamental que convoque a los actores de la agricultura comercial, un sector que desde hace décadas es clave en la producción de los alimentos que consumimos, que genera cientos de miles de empleos y millones divisas gracias a su capacidad exportadora.

Además de mantener los apoyos a la agricultura familiar y de subsistencia mediante subsidios (preferentemente en especie), el gobierno debe diseñar y ejecutar políticas públicas que permitan el desarrollo de los otros tipos de productores, con acciones específicas y una sólida alianza entre los sectores público y privado, bajo reglas claras, con un contundente respaldo político y el acompañamiento de expertos, técnicos y científicos del sector.

El apoyo directo y sin intermediarios a los pequeños agricultores estimuló la productividad y el incremento de los ingresos familiares. Esta nueva política constituyó un factor fundamental para sacar de la pobreza a millones de mexicanos en los territorios rurales y propiciar la estabilidad y el bienestar en el campo.

A partir de nuevas reglas, los agricultores cumplieron con su vocación de producir alimentos, aún en las difíciles condiciones que se presentaron durante el sexenio; entre otras, podemos mencionar severas limitaciones presupuestarias, disminución de la infraestructura federal, la pandemia de covid-19 y la incertidumbre de los mercados, incluyendo el costo de los fertilizantes.

Ese cambio en la política de apoyo a la agricultura familiar fue una de las decisiones más afortunadas durante el sexenio anterior. Sin embargo, por diferentes razones no fue complementada con políticas de respaldo a la agricultura comercial, que es la otra parte de la ecuación para un cambio estructural exitoso en la manera de atender a todo el sector.

Muchos de nuestros productores carecieron de acceso al crédito, a los seguros agropecuarios y a las coberturas; además, bienes públicos que le corresponde otorgar al Estado vieron mermadas sus capacidades o fueron cancelados definitivamente por falta de presupuesto o por decisiones políticas. Entre esos bienes podemos mencionar a las instituciones públicas de crédito, los centros de investigación e innovación e, incluso, los servicios de sanidad agropecuaria. Todos estos apoyos son indispensables para la agricultura productiva como ocurre en la mayoría de los países.

Durante décadas, una parte importante del presupuesto destinado al campo se canalizaba a obras que no representaban un beneficio real para los agricultores y tampoco tenían un impacto en elevar su productividad. Aún existen vestigios de estas iniciativas fallidas desperdigados por todo el país: invernaderos, bodegas, rastros, maquinaria, empacadoras, procesadoras de alimentos, entre otras estructuras, que permanecen como testimonio de recursos dilapidados y como recordatorio de lo que no se debe hacer con recursos públicos.

Estos proyectos de financiamiento gubernamental fracasaron, en primer lugar, debido a que muchas veces se llevaron a cabo sin un criterio técnico ni mecanismos de evaluación y rendición de cuentas; pero también debemos reconocer que en México existe una arraigada visión de que la inversión en el campo debe ser financiada por el gobierno. Rara vez se ha intentado la complementación entre la inversión pública y la privada, lo que ocasiona que los beneficios de la agricultura más avanzada no lleguen a los pequeños productores y que los productores en gran escala no siempre puedan alinearse a las prioridades nacionales.

Con base en esas experiencias fallidas, hoy es tiempo de que el gobierno dé pasos sólidos encaminados a fortalecer la capacidad productiva con base en una política agropecuaria renovada que involucre a todo el sector en la transformación del campo, incluyendo acuerdos público-privados de amplio y largo alcance.

Los países en donde estos acuerdos han prosperado dejaron de ser importadores de alimentos para lograr, primero, la seguridad alimentaria y, en algunos casos, posicionarse como importantes agroexportadores. Tal es el caso de Brasil, Vietnam, India y Argentina, entre otros.

La clave ha sido que sus gobiernos y sus productores dejaron de ver al sector primario como una actividad a la que hay que subsidiar irremediablemente y, mediante acertadas políticas públicas de largo plazo, han transformado el apoyo gubernamental en asistencia técnica, promoción de mercados, reglas claras y respaldo logístico basado en conocimiento técnico y experiencia en la administración del sector. Estos gobiernos han reconocido la necesidad de contar con el sector productivo como un fuerte aliado para el desarrollo nacional, proveedor de alimentos y de ingresos.

Acuerdos de esta naturaleza darían un gran impulso a la productividad agrícola de México y al bienestar en sus territorios rurales. Pero los productores, a su vez, deben poner de su parte; específicamente, ser más competitivos en productividad, más responsables en el uso de los recursos de agua y suelo y más conscientes de la necesidad de invertir en tecnologías modernas y sustentables. La responsabilidad del gobierno no es solo subvencionar infraestructura, sino proveer los mencionados bienes públicos.

No podemos hacer mucho para modificar la actual incertidumbre global, pero sí podemos tomar medidas para enfrentar y minimizar sus efectos en lo inmediato y empoderarnos hacia el futuro. Urge una concertación público-privada, con reglas claras y compromisos efectivos. Solo a través de esta alianza se podrá fortalecer la capacidad productiva y aspirar a la independencia alimentaria nacional.