Uso óptimo del Espacio Fiscal

El espacio fiscal es definido por Peter Heller (FMI: 2005) como “la disponibilidad del espacio presupuestario que permite a los gobiernos proveer recursos para un propósito deseado, sin perjudicar la sostenibilidad de la posición financiera del gobierno”.

Esta disponibilidad del espacio presupuestario es producto, invariablemente, de esfuerzos realizados en años anteriores, a través de un manejo prudente y eficiente de las finanzas públicas. Por tanto, el espacio fiscal se traduce, en los hechos, en la posibilidad de que un país pueda disponer de recursos acumulados en años anteriores, para impulsar iniciativas de política pública o para atender problemas supervivientes, adicionales o inesperados, en el ámbito del marco presupuestario anual o de mediano plazo.

El uso de estos recursos debe ser siempre prudente, para no comprometer la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo. Es decir, que siempre se debe de tener en cuenta cómo impactará en el espacio fiscal futuro, las decisiones presentes. O dicho de otra forma, se debe quemar pólvora con objetivos claros. 

Al hacer espacio para iniciativas de política pública, es siempre indispensable tener en consideración el impacto de largo plazo del gasto adicional. De ahí que resulte también necesario preguntar en qué grado el uso del espacio fiscal acumulado compromete la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas.

La hacienda pública guía estas posibles acciones mediante el establecimiento de proyecciones del espacio fiscal y sus usos, así como de líneas base que incluyan proyecciones de deuda. Entre los grandes temas destacan los siguientes: 

• Se debe disponer de un plan fiscal de mediano plazo realista;
• Que considere disponibilidades de financiamiento en términos y condiciones favorables.
• Con relaciones de deuda/producto interno bruto prudentes;
• Que consideren como elemento de guía la brecha entre el PIB potencial y el PIB actual;
• Que racionalicen el uso de los recursos en infraestructura productiva, seleccionando sólo los más rentables (viables y factibles).

En este amplio contexto, deben además considerarse previsiones para gastar más y mejor en educación, salud y pensiones. El problema es mayor en países que no han “prefondeado” obligaciones futuras.

El éxito en el uso del espacio fiscal consolidado ha dependido, invariablemente, de la constitución de fondos de contingencia de ejecución presupuestaria. Éstos son instrumentos que obligan a dotar a los presupuestos públicos de una provisión para atender gastos surgidos de necesidades imprevistas y no discrecionales que puedan presentarse a lo largo del ejercicio anual.

Su gran utilidad estriba en que evitan que algunas situaciones de coyuntura alteren el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, gasto y deuda. Actúan como fondos de estabilización económica, como mecanismos de aseguramiento ante crisis o recesiones económicas.

En México, afortunadamente contamos con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, impulsada por el entonces Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en la cual se establecen con toda claridad los elementos del Equilibrio Presupuestario y la Responsabilidad Hacendaria y que permiten a México la construcción de un espacio fiscal sólido, con sus correspondientes fondos de estabilización. Como puede verse, el espacio fiscal es un bien escaso y valioso que tiene México.