Rigideces en la Constitución

Los dos últimos artículos los dediqué ha analizar algunas de las 20 propuestas de reformas constitucionales que el presidente López envió al Congreso de la Unión. En el de hace dos semanas comenté que las propuestas en materia política, electoral, judicial y de los órganos autónomos del Estado tienen como propósito recrear un sistema político con un Poder Ejecutivo todopoderoso, con los otros dos poderes de la Unión efectivamente subordinados al Ejecutivo y sin rendición de cuentas. Son reformas que, para efectos prácticos, destruirían la democracia; regresaríamos a la “dictadura perfecta”  priista en palabras de Mario Vargas Llosa.

En el de la semana pasada analicé las propuestas de reforma constitucional en materia de “derechos sociales” tales como reducir la edad para recibir la pensión de adulto mayor, garantizar que para los individuos de bajos salarios su pensión sea igual al último sueldo recibido, poner en la Constitución los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, transferencias a productores del sector primario, ampliar el derecho a una vivienda “digna” y al acceso a los servicios públicos de salud, un programa de pensiones para individuos con discapacidad, salario mínimo garantizado a militares, guardia civil, maestros de educación básica, policías y a médicos y enfermeras y becas para alumnos de “bajos” recursos en todos los niveles. Todas estas propuestas, que aumentarían lo magna y manirrota que de por sí ya es la Constitución, implican que el gobierno tendría que destinar un monto creciente de gasto público lo que garantizaría una crisis fiscal en el muy corto plazo.

Este artículo lo dedicaré a analizar cuatro propuestas de reforma constitucional que de ser aprobadas introducirían rigideces en la asignación de recursos en la economía con el consecuente costo en producción, empleo y el bienestar de la sociedad.

La primera es establecer en la Constitución que los salarios mínimos no podrán aumentar en un porcentaje inferior a la tasa de inflación acumulada desde la última revisión. Ésta es una propuesta totalmente equivocada; como regla de política económica hay tres precios que nunca deben indizarse a la inflación: el precio de la gasolina, el tipo de cambio y los salarios ya que ello, además de introducir una rigidez no deseada y por lo mismo ineficiente, le pone un piso a la inflación. En particular, si se indiza el salario se indizarían también las contribuciones al sistema de seguridad social (IMSS, Infonavit y SAR) y con una alta probabilidad también los salarios contractuales, con lo que se encarecería todavía más la utilización de mano de obra.

Además, la indización del salario introduce una complicación adicional en el manejo de la política monetaria. Esto es así ya que si el encarecimiento de la mano de obra presiona al alza a los precios, el banco central se vería en una disyuntiva: instrumentar una política restrictiva para tratar de alcanzar la meta de inflación con lo que se provocarían presiones recesivas en la economía o, si no desea provocar este efecto, tendría que validar con una política monetaria expansiva el aumento de precios con lo cual se garantizaría una inflación creciente.

Por otra parte, si se indizan los salarios, se vuelve muy costoso enfrentar un choque real negativo en la economía, ya que al no poder caer los salarios reales, todo el ajuste se daría con una caída en el empleo y la producción. Por lo aquí expuesto es que indizar los salarios es una pésima propuesta de política económica y de reforma constitucional.

Otra propuesta sin sentido que generaría rigideces y distorsiones es la de establecer constitucionalmente que la utilización de las vías férreas deberá tener como prioridad el transporte ferroviario de pasajeros. Sabemos que el presidente, quizá porque no le regalaron uno cuando era niño tiene una fijación enfermiza con trenes de pasajeros, pero establecer esto en la Constitución es un error por dos razones. La primera es que requeriría del subsidio gubernamental, ya que como se observa al nivel internacional ningún servicio ferroviario de pasajeros es rentable; peor aún si la que ofrecería el servicio fuese la empresa de los militares. La segunda, todavía más importante, es que al dársele prioridad al transporte de pasajeros, se distorsionaría el transporte ferroviario de carga afectando significativamente los costos de producción y el precio de los bienes, además del impacto negativo que se tendría sobre el comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones, dañando el que es uno de los principales motores de crecimiento económico.

Una propuesta adicional sin sentido que también generaría rigideces y distorsiones es en las zonas con “escasez de agua” (prácticamente todo el territorio nacional al norte de la Ciudad de México) otorgar concesiones sólo para el uso doméstico de agua, dejando fuera usos agropecuarios e industriales. En lugar de cobrar el precio correcto y eficiente del agua, el precepto constitucional se convertiría en un fuerte desincentivo a la producción y al crecimiento económico.

Finalmente, una cuarta propuesta también errónea es prohibir la minería a “cielo abierto”, método de explotación de una gran parte de la actividad minera en el país. En lugar de esta prohibición, se tendrían que regular las medidas de mitigación del impacto ambiental de la actividad minera, tal como ya lo establece el artículo 4 constitucional. El presidente, con esta propuesta, mataría una de las más importantes actividades económicas.

Las reformas constitucionales que propuso el presidente tienen que ser desechadas porque destruyen la democracia y la libertad, generan presiones insostenibles en las finanzas públicas e introducen significativas distorsiones en los mercados, todas ellas con un alto costo en el bienestar de la sociedad.

X: @econoclasta