Por una reforma electoral federalista

Como parte de las propuestas de reforma electoral, Morena en el Senado vuelve a plantear la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). En 2019, también incluyeron la misma idea en la iniciativa que el partido en el gobierno presentó en la Cámara de Diputados. Ahora que el presidente López Obrador se ha pronunciado a favor de una reforma electoral, el asunto vuelve a adquirir relevancia.

La propuesta se funda en una creencia que se ha enraizado en algún segmento de la opinión pública: la supuesta irrelevancia de las autoridades electorales locales. Según esta opinión, que Morena ha hecho suya, los OPLEs tienen un papel marginal en la organización de las elecciones locales, que el INE puede fácilmente absorber sin que nadie lamente su desaparición. Como resultado ofrecen un ahorro neto de recursos, equivalente al presupuesto actual de los OPLEs, menos el costo de la capacidad adicional que el INE necesitaría desarrollar para asumir sus funciones.

Sin embargo, la creencia parte de una lectura poco realista y refleja una escasa familiaridad con las complejidades de la administración electoral. El crecimiento del INE sólo podría ocurrir a un enorme costo en términos de eficiencia y operatividad. Por otro lado, al asumir el INE la responsabilidad directa de la organización de las elecciones estatales y municipales, se daría lugar a la nacionalización de los conflictos políticos locales.

Actualmente, el INE opera con una estructura permanente en los 32 estados y 300 distritos federales. La profesionalización de este personal es una de las piezas clave para mantener estándares altos de administración electoral. Muy pocos OPLEs tienen estructuras permanentes en sus distritos locales y municipios, por el elevado costo que ello implica. Han aprendido a operar con consejos que instalan únicamente durante los procesos electorales.

Llevar el modelo INE a la organización de las elecciones locales sin duda elevaría la calidad, pero a un costo desorbitante. Por otro lado, no hay ninguna garantía que el INE sea mejor que los OPLEs para operar el modelo de consejos temporales en los municipios y distritos locales. Al final, existe un riesgo significativo de obtener un peor resultado a un costo más alto.

La forma en que funciona la fiscalización de los recursos empleados en las campañas y en las actividades ordinarias de los partidos políticos ofrece una muestra de lo que significa la supresión de las autoridades electorales locales. La reforma electoral de 2014 les negó cualquier papel a los OPLEs en la fiscalización.

El resultado ha sido un INE desbordado que tiene que resolver un número exorbitante de dictámenes y quejas en materia de fiscalización relacionados con precampañas y campañas, especialmente cuando hay elecciones concurrentes en los estados y la federación. El volumen resulta cada vez más inmanejable. Un grupo de 11 consejeros no se da abasto para dedicarle la atención que cada caso merece.

La dictaminación y revisión de los recursos ordinarios de los partidos políticos da lugar a problemas semejantes. Sin ninguna participación de los OPLEs, el INE tiene que hacerse cargo de un número grande de sujetos fiscalizables: los comités ejecutivos nacionales y los comités directivos estatales de los partidos políticos nacionales, más todos los partidos políticos locales.

Los OPLEs no son el problema, sino parte de la solución. En vez de desaparecerlos, habría que reformarlos con el fin de aumentar sus capacidades y garantizar su independencia. Así podríamos iniciar una devolución de atribuciones de las cuales fueron despojados en 2014, incluyendo la de fiscalizar los recursos empleados en el ámbito local.

La experiencia muestra que la ruta de la centralización lleva a un callejón sin salida. Para seguir avanzando, necesitamos de forma responsable recuperar la tradición federalista de México y fundar en ella la siguiente reforma electoral. 

*Prrofesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif