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Los gazapos de la semana
El presidente incurrió en siete gazapos la semana pasada: (I) el decreto ilegal para bloquear las energías limpias, que cancela inversiones millonarias; (II) afirmar que 90% de las llamadas de auxilio de mujeres por sufrir violencia son falsas; (III) el llamado del Conacyt para que los becarios del SNI integren “voluntariamente” parte de sus becas en apoyo a la pandemia; (IV) la denuncia de que periódicos extranjeros mienten y no tienen ética; (V) su documento sobre la política económica cargado de ideología y que no diagnostica la crisis ni propone políticas públicas efectivas; (VI) los funcionarios públicos tienen libertad de informar o no sobre su estado de salud, y (VII) buscar la reposición de las pérdidas que significó el cambio de ley que originó a las afores.
Comentaré los dos últimos temas. Sobre su llamado a respetar la privacidad de los funcionarios federales que toman la decisión de no informar públicamente sobre su estado de salud vinculado al Covid-19, el tema es interesante y debatible, pues nos lleva al delicado terreno de la división entre lo público y lo privado.
¿Qué tanta información personal debe ser revelada al público por parte de un político? Los que defienden la postura de que un funcionario tiene el derecho de no declarar ningún dato privado, incluidos sus expedientes médicos, se amparan en la ley de transparencia del INAI que fundamenta la protección de datos personales. Pero, por otro lado, puede argumentarse que la sociedad tiene el derecho de conocer el estado de salud de los funcionarios públicos para saber si un problema médico puede ser un obstáculo para su desempeño. En ese sentido, me parece correcto que los miembros del gabinete, gobernadores y congresistas que han resultado positivos en la prueba del Covid-19, lo hayan hecho público. Pero existe la sospecha de que otros no lo han hecho y por eso la defensa del presidente. Yo comparto la postura de que el funcionario público tiene la obligación de revelar su estado de salud si la sociedad se lo pide. Estos expedientes deberían incluir hacer público de manera periódica, por ejemplo, una evaluación sicológica de aptitud para cuando menos el gabinete, incluido el presidente. Pero esto no está legislado y urge una ley en ese sentido, con apoyo del INAI. Sería parte de una mayor democracia y transparencia.
El presidente insistió en que, pasada la pandemia, se revisará a fondo la situación de las afores y todo el manejo de las pensiones. Dijo: ”buscaremos la forma de que se pueda reponer la mengua, la merma, la disminución que ha significado el cambio a la ley que dio origen a las afores”. Esto es un disparate, pues es difícil imaginar un mecanismo que identifique en cada caso particular el monto de minusvalías históricas y la compensación de cada cuenta individual de los millones de cuentahabientes del sistema. Desafortunadamente lo que lo atrae es desaparecer las afores, para expropiar los 4 billones de pesos de los trabajadores que administra el sistema.
Así las cosas, estamos listos para los nuevos gazapos de esta semana.