Las políticas monetaria y fiscal, instrumentos de la recuperación

El gasto público en condiciones de pandemia debe orientarse al apoyo de la población y crear confianza en los inversionistas.

Con la depresión económica, primero, y después la pandemia que estamos padeciendo, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos han llevado a cabo una serie de medidas financieras para neutralizar los efectos negativos que se están dando en la economía mundial. Han reconocido que la política monetaria es un instrumento poderoso, pero no suficiente ni único.

En igual tesitura se ha pronunciado el Banco de México (Banxico) que señaló la semana pasada: “La política monetaria por sí sola no podrá resolver las dificultades generadas por los choques que están afectando a la economía”.

La política fiscal, particularmente el gasto público y la deuda, constituyen el otro instrumento para resolver los problemas que se han creado. Y así está ocurriendo. Los países más desarrollados han destinado 5 billones de dólares para enfrentar el Covid-19. Este volumen de recursos no tiene precedentes en la historia moderna.

Ambas políticas tienen que obedecer a una ingeniería eficaz. De lo contrario, surgen distorsiones y se atrasa la fase de normalización de la vida económica.

En el caso de los recursos líquidos que el Banco de México ha dispuesto para que los bancos presten a las micro, pequeñas y medianas empresas, el escollo es que, sin las garantías del gobierno, difícilmente llegarán estos recursos a las empresas. Por lo tanto, los aprovecharán las grandes empresas que no tienen problemas de obtención de créditos.

El gasto público en condiciones de pandemia debe orientarse al apoyo de la población y crear confianza en los inversionistas para que fluya la inversión, esencial para que aumente la producción y el empleo. Sin ella estaremos atrapados. La inversión privada representa 85% de la inversión total.

Es responsabilidad del Estado hacer respetar las leyes, garantizar los derechos de propiedad y proteger los derechos humanos. Esto constituye la base ética de una política de seguridad ciudadana, que es un derecho social.

La inversión pública en México debe superar los niveles tan bajos que tiene como resultado de la política de “adelgazamiento del Estado”. En el 2019 representó apenas 15% de la inversión total, la menor desde la década de los 70 del siglo pasado. Y en la presente crisis el esfuerzo fiscal de México ha sido muy bajo, de acuerdo con las cifras comparativas del Fondo Monetario Internacional.

John Maynard Keynes, el gran economista del siglo pasado que fue el que diseñó la política de recuperación de la economía mundial, derivada de la Gran Depresión, dijo: “Es en una intervención prudente y firme del Estado, donde encontraremos la salvación de la crisis. Intervención prudente y firme quiere decir tomar en cuenta los mecanismos reales de funcionamiento de la economía”.

El Estado de bienestar de la mayoría de las naciones democráticas de la actualidad descansa en el gasto público para reorientar la economía y redistribución del ingreso. Los países que son paradigmáticos en el manejo de esta dualidad son los socialdemócratas del norte de Europa.

Es necesario dar prioridad a los programas que son base del desarrollo económico y social. Son los gastos en infraestructura, así como aquellos que se consideran inversión en capital humano: salud, educación, seguridad social y vivienda.