Jueza quiere a Assange preso

La justicia británica decidirá el 13 de febrero si es de interés público mantener la orden de detención de Julian Assange, se supo en la audiencia judicial celebrada el martes en Londres.

La jueza Emma Arbuthnot, que este martes decidió que la orden de detención seguía siendo válida desde un punto de vista legal, se pronunciará ahora sobre su utilidad pública a petición de los abogados de Assange, que lleva ya más de cinco años recluido en la embajada de Ecuador, y Suecia ya no lo reclama como sospechoso de unos delitos sexuales.

“No estoy convencida de que haya que retirar la orden”, dijo Arbuthnot, descartando hacerlo por razones estrictamente legales, aplazando así la posibilidad de que el fundador de Wikileaks pudiera salir libremente a la calle.

Ecuador, a través de su ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró por su parte que seguiría protegiendo a Assange, “mientras persista el peligro para su vida”. Al mismo tiempo, agregó la Cancillería, persistirá en su propósito de hallar junto al Reino Unido una “solución satisfactoria para los dos países y respetuosa de los derechos humanos”.

Assange buscó refugio en la Embajada huyendo de una orden de arresto europea porque Suecia le reclamaba como sospechoso de unos delitos sexuales.

La justicia sueca abandonó la investigación, pero la policía británica quiere aún detenerlo por haber vulnerado los términos de su libertad condicional.

Assange teme dejar la Embajada, ser detenido y acabar extraditado a Estados Unidos por haber difundido miles de secretos oficiales de este país.

El lunes se abrió una puerta al caso del fundador de Wikileaks cuando la Alta Corte de justicia bloqueó la extradición a Estados Unidos del presunto pirata informático Lauri Love, que le reclamaba por haber penetrado en los sistemas informáticos de la NASA y el Pentágono, entre otras organizaciones.

A Ecuador, sostener su apoyo a Assange le ha costado algunos roces con Estados Unidos.