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Recorte a Ramo 23 genera incertidumbre
Las entidades federativas que presentan un déficit presupuestal en materia educativa han sido compensadas a través del Ramo 23.
Considerando el peso del gasto educativo en las finanzas estatales, Michoacán ha solicitado la revisión del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica del 18 de mayo de 1992. En opinión de Fitch Ratings, otros estados en situación similar también podrían solicitar la revisión de dicho acuerdo o incluso del pacto fiscal en general, para determinar las responsabilidades de cada nivel de gobierno en el financiamiento del gasto educativo.
La agencia dará seguimiento a las negociaciones que se lleven a cabo entre las partes involucradas, para poder evaluar el impacto en el perfil crediticio de las entidades y sus calificaciones, señala un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.
Las entidades federativas en México están adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que tiene por objeto, entre otros, distribuir los impuestos federales y otros ingresos a través de los criterios definidos en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Estas entidades mantienen una dependencia alta de transferencias federales.
Dentro del Grupo de Estados calificados por Fitch (GEF), 30 entidades federativas, en promedio, 90% de sus ingresos totales corresponde a transferencias federales, principalmente participaciones y aportaciones definidas en la LCF. Esto les da estabilidad en sus ingresos, pero les resta autonomía.
En materia educativa, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), de origen federal, se aplica de conformidad con el acuerdo citado. El fondo fue reformado en el 2014 como parte del proceso de conciliación de plazas transferidas, lo que dio origen a FONE, que entró en vigor en el 2015, indica Fitch.
A partir de entonces, las entidades que presentan un déficit presupuestal en materia educativa han sido compensadas a través del Ramo 23, el cual se negociaba durante el proceso de aprobación del presupuesto federal, resalta la agencia.
Recursos extraordinarios
La presión del gasto educativo provoca que algunas entidades soliciten recursos extraordinarios a la Federación para cubrir las erogaciones de magisterio al cierre de cada año. A la fecha, las entidades desconocen si el próximo gobierno federal mantendrá algún mecanismo de compensación para enfrentar el déficit educativo a partir del 2019.
Por otra parte, las nuevas unidades llamadas delegaciones de programas para el desarrollo estarán encargadas de coordinar las acciones del gobierno federal con las autoridades estatales y municipales. Hasta el momento los criterios de los superdelegados para la distribución de recursos federales no están definidos claramente, lo que añade incertidumbre respecto al financiamiento del gasto educativo, detalla la calificadora.
El FONE representa 57.2% de los recursos recibidos a través del Ramo 33, por lo que es el fondo de aportaciones más importante para las entidades federativas. La mediana de la proporción de FONE respecto a los ingresos totales del GEF es de 20%; Oaxaca, Hidalgo, Guerrero y Aguascalientes son los estados con la mayor proporción.
Los estados con más vulnerabilidad a recortes al gasto en el Ramo 23, medida a través de la proporción del mismo respecto a sus ingresos de libre disposición, son Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Yucatán y Michoacán. Los estados menos vulnerables son Nuevo León y Chihuahua.