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Inversionistas podrían forzar a que Puerto Rico les pague
La capacidad de endeudamiento de la isla, pese a su condición de Estado Libre Asociado de EU, depende del gobierno local.
Los tenedores de al menos 20% de los bonos de la Public Finance Corp (PFC) de Puerto Rico, cuyos pagos incumplió el Estado Libre Asociado, el lunes 3 de agosto, tendrían que acceder a demandar a la isla para que un fiduciario inicie un proceso en su representación.
De acuerdo con documentos presentados ante el Acceso Electrónico al Mercado Municipal (EMMA), el acuerdo de bonos le permite a US Bank, el fiduciario para la deuda, actuar por los derechos de los inversionistas, según la dirección de al menos 20% de los papeles en circulación.
El pasado lunes, Puerto Rico no pudo pagar un bono con vencimiento el 1 de agosto, entregó sólo 628,000 dólares de un total de 58 millones que debía cancelar.
Si bien el lenguaje de la presentación ante EMMA no menciona explícitamente un litigio, se considera que una demanda es el método más probable para forzar un pago.
Daniel Hanson, analista de Height Securities, informó la semana pasada en una nota de investigación que los participantes del mercado probablemente presentarían una demanda en San Juan.
El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico tampoco quiso referirse al tema.
Por su parte, la Casa Blanca informó que no tiene previsto un plan de rescate financiero para la isla caribeña. El gobierno no visualiza un rescate para Puerto Rico, pero si existe asistencia federal que pueda ser activada para asistir a los líderes de Puerto Rico a alcanzar algunas de sus obligaciones financieras, estamos listos para ayudar , sostuvo Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca.
Creemos que Puerto Rico necesita un proceso ordenado para reestructurar sus obligaciones insostenibles , agregó Earnest durante una conferencia de prensa.
No es la primera vez que el gobierno estadounidense descarta ayudar al país caribeño con un rescate financiero; en días pasados, el portavoz dio a conocer que el Congreso debía examinar la opción de que las corporaciones públicas y locales de Puerto Rico se beneficiaran del capítulo 9 de la Ley de Bancarrotas, la cual le permitiría reestructurar su deuda.
Esta opción depende de que el Congreso modifique la legislación actual, la cual sólo se puede aplicar a los 50 estados que forman parte del país norteamericano.