¿Hacia dónde se mueve la política laboral?

Mientras en México se aprobó una reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas bajo la premisa del bienestar de las personas trabajadoras, la misma semana en Argentina se avaló una que autoriza la extensión de las jornadas y que apuesta más por la competitividad empresarial.

Cabe aclarar que la reforma argentina va mucho más allá de la jornada laboral, pues el hilo conductor está enfocado en reducir el costo y el riesgo de contratar —y, sobre todo, de despedir— con la promesa de que eso destrabe inversiones y reduzca la informalidad.

Como punto de referencia, de acuerdo con el estudio “Costos del trabajo asalariado en América Latina y el Caribe: Una actualización de diez años” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el costo del empleo formal en México es de aproximadamente 21% del PIB por trabajador, mientras que en Argentina es de 31 por ciento. Ambos están por debajo del promedio de 43% de la región.

A continuación, algunos de los cambios principales que contempla la reforma impulsada por el presidente de Argentina, Javier Milei, y que concluyó su trámite legislativo este fin de semana.

La nueva normativa permite establecer esquemas de distribución de los turnos de trabajo que pueden alcanzar hasta 12 horas diarias, sin necesidad de pagar horas extra, siempre y cuando se respete un descanso de 12 horas entre turnos y no se supere el límite legal de 48 horas semanales. Esto habilita sistemas de jornada flexible que pueden organizarse mediante convenios colectivos o acuerdos específicos entre empleador y trabajador.

Otro punto central es la ampliación del período de prueba en los nuevos contratos laborales. La reforma extiende el plazo general hasta seis meses, con variaciones según el tamaño de la empresa. Durante este período, el empleador puede finalizar la relación laboral sin obligación de pagar indemnización por antigüedad, aunque deben cubrirse las prestaciones proporcionales correspondientes.

Se crea también un fondo de cese laboral como alternativa al esquema tradicional de indemnización por despido. Éste sería financiado por aportes del empleador durante la relación laboral y podría sustituir el pago indemnizatorio al momento de la terminación del contrato. Asimismo, se modifica la base de cálculo para liquidar a un trabajador.

La ley también introduce cambios en la regulación del derecho de huelga. Se establecen requisitos más estrictos para la realización de medidas de fuerza en determinadas actividades consideradas esenciales, incluyendo la obligación de garantizar prestaciones mínimas. Asimismo, se habilita un mayor margen para la negociación colectiva a nivel de empresa, además de los convenios sectoriales existentes.

Finalmente, la reforma contempla la posibilidad de pactar el pago de salarios en moneda extranjera, siempre que exista acuerdo entre las partes.

Desde México, el caso argentino no pasa desapercibido, pues mientras acá se discute la reducción de jornada, los derechos laborales en plataformas digitales y la “Ley Silla”, por citar algunos casos; allá el péndulo se mueve hacia las empresas al flexibilizar las contrataciones y los despidos, ampliar los periodos de prueba y recalibrar el derecho de huelga.

La realidad es que las reformas laborales no son neutras, siempre dejan “ganadores y perdedores” en el corto plazo, por más que apuesten por un resultado macro en el largo, porque dependen del color del gobierno en turno.

En este caso, las administraciones de ambos países están en polos opuestos del espectro político. Sin embargo, en ningún caso las reformas habrían sido aprobadas si Claudia Sheinbaum o Javier Milei no contaran con la mayoría legislativa junto con sus aliados.

En el fondo, la política laboral refleja la concepción económica de cada gobierno sobre el papel del trabajo en el desarrollo. Unos parten de la premisa de que ampliar derechos fortalece el bienestar y, con ello, la productividad; otros, de que reducir costos y flexibilizar reglas dinamiza la contratación y la inversión. México y Argentina avanzan hoy en direcciones distintas. El contraste no sólo es jurídico, es ideológico. El resultado dependerá no sólo del texto de las reformas, sino de cómo impacten en empleo, crecimiento y estabilidad en los próximos años.