Si el proyecto de Ciudad Creativa Digital de Guadalajara se hubiera constituido como una Asociación Público-Privada (APP) y no como un fideicomiso, se habrían sorteado los retrasos en la erogación de recursos y el inicio de su construcción, ocasionados por el cambio de Gobierno el año pasado, dice José Luis Chicoma, director del think tank en políticas públicas Ethos.

Este laboratorio de políticas públicas asegura que la implementación de este modelo de asociación, basado en una relación contractual a largo plazo entre gobierno e industria privada, tiene el potencial de impulsar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, ya sea en proyectos de sectores como el aeroespacial o automotriz hasta de las industrias creativas.

Las alianzas pueden ser cualquier forma de interacción entre el sector público y privado pero una APP es un contrato donde los dos ponen inversión, comparten riesgos y tienen objetivos comunes. Las APP son más estrictas pues existe un contrato y una condición de largo plazo , dijo Stephen Birtwistle, director de Desarrollo Local en Ethos y líder del estudio De Hecho en México a Creado en México: APP con fines de innovación .

Los marcos legales básicos ya existen para que las APP sean aplicados en proyectos más allá de infraestructura o servicios, con la Ley de Asociaciones Público-Privadas y el Fondo para Inversiones en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aunque deberá aumentar los recursos que este año ascienden a un millón de pesos.

Pero el reto más importante estará en la ejecución. Una APP para proyectos de investigación e innovación requiere expertos en estos modelos de asociación para la elaboración de contratos entre el gobierno y la industria.

El contrato es muy importante pues contiene los mecanismos de financiamiento. Cuando el sector público te paga, que estipule el sistema de evaluación. En innovación, los avances son un poco tangibles por la naturaleza de las actividades pero hay mecanismos y expertos internacionales para tener contratos de desempeño , dijo Birtwistle.

Este tipo de esquemas requiere además la presencia de un experto financiero que pueda proyectar y repartir riesgos y beneficios a largo plazo, también un grupo de expertos en innovación integrado por la industria, funcionarios públicos y academia, así como expertos sectoriales dependiendo del proyecto.

Se necesita estar lo suficientemente cerca del sector privado para entender la problemática pero no tan cerca para atender intereses mercantilistas para el sector privado. Y con funcionarios públicos de largo plazo que estén protegidos del ciclo político , agregó Chicoma, de Ethos.

En el mundo existen casos de éxito como los Institutos Tecnológicos de Punta Holanda o los Centros Estratégicos para fomentar la Innovación en Finlandia para impulsar los procesos de innovación. Otro caso es el medicamento contra la malaria, donde participaron la farmacéutica Sanofi-Aventis y la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (en la que participan organizaciones como Médicos Sin Fronteras y la Organización Mundial para la Salud), que requirió siete años para su desarrollo.

Cuantificar el impacto de una APP en México aún es poco viable dado que es un modelo novedoso , de acuerdo con el director de Ethos, pero el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) equipara este esquema de asociación con el caso chileno.

En Chile, para el desarrollo de clusters en programas asociativos, por cada dólar invertido se obtuvieron 2.4 dólares adicionales, y en ingresos fiscales se lograron 3.2 pesos en mayor recaudación de IVA por cada peso invertido. Se probó además que durante las crisis asiáticas, las firmas no beneficiarias del programa redijeron ventas 2.1% anual y las que participaron crecieron en 12.9% anual , afirmó Mercedes Aráoz, representante del BID en México.

Ethos considera que las APP en ciencia, tecnología e innovación permitirán acelerar la meta del actual gobierno de llegar al 1% del PIB en inversión en ciencia y tecnología, aunque los beneficios comenzarán a verse en no menos de cuatro o cinco años de que inicie su ejecución. Por eso José Luis Chacoma urge a que se acelere su implementación.

julio.sanchez@eleconomista.mx

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