La reforma fiscal penal contra factureras ha generado 50 amparos hasta la fecha, informó Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal Federal.

Romero Aranda indicó que, de estos 50 amparos, se ha concedido la suspensión en el caso de un contribuyente del Estado de México, es decir, la ley no aplicará para él hasta que se resuelva su recurso.

"Pero ahí es ponerse el dedo, ¿no?", indicó Romero Aranda sobre el caso de la suspensión.

En el marco de su participación en el 2do Congreso Nacional de Reformas 2020, de Thomson Reuters, el procurador fiscal dijo que realizan un análisis sobre defraudadores para presentárselo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hemos obtenido, en alguno de los casos, órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso. Estamos trabajando el informe que nos pidió el presidente para ser presentado oportunamente", declaró a medios.

Refirió que entre las cosas que darán a conocer será que hay empresas que se autoregularizaron ante la ley antifacturas, incluyendo un instituto de salud estatal.

Añadió que los contribuyentes que quieran autoregularizar su situación fiscal deben acercarse al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este año entró en vigor las reforma fiscal penal con la cual la defraudación fiscal se considera delincuencia organizada. En línea con esto, la emisión de facturas falsas se castigará con prisión preventiva oficiosa cuando lo facturado sea por 7.8 millones de pesos.

Hace algunos días, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de cuatro personas por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos serían los primeros en caer con la entrada en vigor de la ley antifactureras.

La detención se dio porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una red de factureras en el Estado de México, la cual era operada por un grupo de lavadores de dinero profesionales, por lo que presentó a la FGR una denuncia contra los miembros de dicha organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas facureras y realizaron retiros por aproximadamente 8,500 millones de pesos bajo un esqueña de pago a tarjetas de nómina.

“Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos”, explicó la UIF.

Añadió que el dinero con el cual operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto de 6,730 millones de pesos, a las empresas constituidas por la organización.

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