Tras la reforma fiscal penal aprobada el año pasado para considerar la facturación falsa como delincuencia organizada, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó este año con el combate contra empresas factureras.

El combate, refirieron expertos, tendrá una gran importancia para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logre cumplir con su meta de recaudación de este año, de 3.5 billones de pesos. El año pasado, el fisco recaudó 3.2 billones de pesos, monto que quedó por debajo de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, de 3.3 billones, debido a la contracción económica.

Por ello, Manuel Toledo, socio de Proactive, Tax & Legal, indicó que el fisco se apoyará en los cambios fiscales aprobados para este año, así como en la reforma fiscal penal para considerar la emisión de las facturas falsas como delincuencia organizada. Con esta reforma, cuando las facturas sumen un total de 7.8 millones de pesos, será considerado dentro de la delincuencia organizada, mientras que los involucrados tendrán prisión preventiva oficiosa, las penas pueden ir de dos a nueve años de prisión.

“El compromiso del procurador fiscal de la Federación (Carlos Romero Aranda) fue que este año se empezara a ejercer sus facultades e ir por las empresas factureras. Tienen que ser casos detectados en este ejercicio fiscal, ya que la reforma no es retroactiva”, explicó Juvenal Lobato, catedrático de la UNAM.

Previo a la implementación de esta ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el erario público ya se había beneficiado, ya que algunos contribuyentes decidieron acercarse al SAT para corregir su situación. En total, siete empresas fueron las que se acercaron al fisco, lo cual dejó una recaudación de 2,000 millones de pesos.

El combate ya ha empezado, refirieron los expertos. Muestra de ello es el trabajo en conjunto que hacen el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en donde la primera ya pasó la información de 977 contribuyentes para su análisis, además de la captura de cuatro personas relacionadas a una red de factureras.

Los Panama Papers

El martes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de cuatro personas por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior se dio porque la UIF detectó una red de factureras en el Estado de México, la cual era operada por un grupo de lavadores de dinero profesionales, por lo que presentó a la FGR una denuncia contra los miembros de dicha organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras y realizaron retiros por aproximadamente 8,500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas de nómina.

La detención de las personas identificadas como Néstor “R”, Ramón “R”, Ana “C” y Lizbeth “B” ocurrió en Metepec, Estado de México, y serían las primeras detenciones realizadas tras la reforma fiscal penal sobre factureras. La UIF procedió a bloquear las cuentas bancarias.

“Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, que les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos”, explicó la UIF.

Añadió que el dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto de 6,730 millones de pesos, a las empresas constituidas por la organización.

¿Qué son las empresas factureras?

Las empresas factureras son aquellas que no cuentan con activos, personal ni infraestructura, o que no son localizables, y venden comprobantes fiscales apócrifos, es decir, amparan operaciones que no se llevaron a cabo y, a cambio, obtienen una comisión por cada comprobante que venden.

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