El crecimiento demográfico y el incremento de la esperanza de vida provocan que la solvencia de las pensiones sea el problema financiero más grave del país, expuso Francisco Aguirre, director de Valuaciones Actuariales del Norte.

“El pasivo contingente que representan las pensiones supera 140% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, es el problema financiero más grave que tiene el país y aunque se reconoce el problema, no fue parte de las reformas estructurales”.

Al participar en la tercera edición del Seminario Retiro y Salud, detalló que esta deuda se terminará de pagar en los próximos 70 años o más, ya que las generaciones que cotizaron antes de las reformas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 1997 y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 2007 representan un alto costo.

Es decir, una vez que se retire una persona que cotizó antes de dichas reformas recibirá una pensión hasta por lo menos 20 años, lo cual implica un mayor gasto en lo que se destina a pensiones, indicó quien también es miembro de la comisión de seguridad social de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC).

“Si no se hacen cambios en pensiones, vamos a tener que dejar de invertir en salud, seguridad e infraestructura por estar pagando pensiones de gente que se retira a los 45 años de edad y que van a vivir más de 20 o 30 años”.

Comentó que la seguridad social en el país está muy mal distribuida, pues se le ofrece beneficios pensionarios a una minoría a costa de una mayoría.

A su parecer, existen tres tipos de mexicanos. El primero son los que no tienen acceso a la seguridad social; es decir, 60% de los mexicanos no va a tener una pensión porque no cotiza en el IMSS ni en el ISSSTE.

El segundo grupo, que es alrededor de 30% de la población, está afiliado al IMSS; este grupo está dividido entre la generación de 1973 y 1997. “La de 1997 representa un problema social porque las pensiones que se darán serán muy bajas”.

Por el otro lado, indicó, se encuentra el resto de la población, que es entre 10 y 12%, donde el sistema ampara a servidores públicos, ya que se otorgan pensiones con sólo 30 años de servicio sin hacer aportaciones, se retiran sin importar la edad y con 100% de su último sueldo.

“Tenemos cerca de 90% de la población que en la vejez va a tener muy pocos recursos para sobrevivir, mientras que existe 10% al que le estamos ofreciendo mucho, pero no tendremos dinero para pagarle”.

Sistema universal de pensiones

Por lo anterior, la AMAC propuso crear un Sistema Nacional de Pensiones que permita tener un esquema más homogéneo que busque brindar los mismos beneficios pensionarios.

Para ello se debe crear una ley marco que delinee la parte jurídica sobre los derechos y beneficios de los trabajadores en materia de pensiones.

Verónica González, representante de la comisión de investigación y principios de la AMAC, explicó que con dicho organismo se busca crear una pensión universal y una básica tanto para trabajadores que estén en la formalidad como en la informalidad.

“La pensión universal costaría 0.82% del PIB.

Hoy el gobierno federal destina cerca de 3% del PIB en pensiones, pero hay países que destinan hasta 6% para temas pensionarios; entonces de que es viable lo es”.

Abundó en que la pensión universal sería de 1,500 pesos, pues es un monto fijado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que según garantiza el bienestar de una persona.

Expuso que esta pensión podría financiarse con parte de lo que se recauda por el Impuesto al Valor Agregado, que se calcula en alrededor de 8 puntos porcentuales de dicho gravamen.

Aclaró que no sería el monto final de la pensión que recibiría el trabajador, pues esta cantidad se complementaría con una pensión básica (que será financiada con aportaciones de los trabajadores) y con el ahorro que genere en su cuenta afore.

“Esta pensión se la dará el Instituto Nacional de Pensiones, ya sea que compre una renta vitalicia o que reciba una mensualidad del organismo autónomo”.

Los representantes de la AMAC indicaron que su propuesta será presentada al candidato electo.

Cambios no deben representar un costo laboral

En su oportunidad, David Kaplan, especialista sénior en mercados laborales en la unidad de mercados laborales y seguridad social del Banco Interamericano de Desarrollo, consideró que las reformas que se busquen hacer en el sistema de pensiones deben cuidar que no represente mayores costos a las empresas, pues ello sólo generaría una mayor informalidad.

“Debemos entender que el mercado laboral de México tiene muchos problemas, uno de ésos es una altísima tasa de informalidad, lo que implica que muchos no coticen en la seguridad social. Si se aumentan las aportaciones, podrían afectar el campo laboral. Colombia eliminó deducciones en las cuotas de seguridad y se observó que la formalidad se redujo”.

En este sentido, Héctor González, vicepresidente de asuntos tributarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, exigió que se regresen las deducibilidades a 100% sobre las prestaciones laborales.

Criticó que los candidatos a la Presidencia no prevean los temas relacionados con las pensiones, ya que no están sugiriendo hacer reformas fiscales al menos en el corto plazo, por lo que genera incertidumbre sobre el financiamiento de las mismas.

Carlos Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, añadió que la reforma en pensiones debe lograrse de forma integral: “si como país queremos atender problemas de pobreza, desigualdad, tener un sector laboral eficiente y finanzas públicas sanas, la reforma en pensiones debe verse desde la seguridad social y lo fiscal”.

elizabeth.albarran@eleconomista.mx