El Senado pondrá a disposición del gobierno federal, el próximo jueves, la ley antilavado de dinero, que busca poner la lupa en juegos, sorteos, tarjetas de crédito, compra-venta de inmuebles y autos, creación de empresas y hasta en los donativos, un esquema de vigilancia para detectar las fuentes de financiamiento del crimen organizado y el narcotráfico.

Los senadores que integran las comisiones unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos aprobaron anoche, sin cambios, la minuta de la Cámara de Diputados para la creación de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, después de un proceso de dos años de discusión en el Congreso.

El dictamen será votado mañana en la sesión del pleno del Senado, para que una vez aprobado sea turnado al Ejecutivo federal para su promulgación. Sin embargo, se insertó un artículo transitorio, en el que se concede un plazo de nueve meses para que la ley entre en vigor.

El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth (PAN), explicó que se aceleró el proceso de aprobación de esa ley, ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio una prórroga hasta el 20 de octubre para que México actualice su legislación para combatir el lavado de dinero.

La nueva ley contempla la creación de la unidad especializada en análisis financiero en contra de la delincuencia organizada, a cargo de la SIEDO de la PGR, pero será la Secretaría de Hacienda la dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de lavado de dinero.

Los notarios, corredores, fedatarios públicos y abogados (gatekeeper) reportarán a través de entidades colegiadas actividades específicas que puedan ser susceptibles de vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado, como los juegos de apuestas, compra-venta de bienes muebles e inmuebles. Los bancos, como corresponsables de combatir ese delito a través de reportes a la autoridad. Se precisa que la información y documentación que proporcionen esos sujetos obligados será confidencial y reservada.

Se pretende que ello facilite a la PGR y la Secretaría de Hacienda rastrear, a niveles nacional e internacional en bancos, casas de cambio, inmobiliarias, hipotecarias, joyerías, constructoras, distribuidoras automotrices y casas de juegos, el dinero del narcotráfico y del crimen organizado.

Por ejemplo, no será operación sospechosa la compra en efectivo de un vehículo nuevo hasta por 200,079 pesos, pero si rebasa el monto los distribuidores deberán identificar al cliente e incluso, si el monto es superior a los 400,000 pesos deberá reportarlo ante Hacienda.

La compra en efectivo de un bien inmueble será permitida siempre que no rebase los 500,198 pesos, pues, de lo contrario, los notarios deberán reportarlo ante la autoridad.

Los presidentes de las comisiones de Justicia, Roberto Gil Zuarth (PAN); de Gobernación, Cristina Díaz (PRI), y Alejandro Encinas (PRD), dijeron que esta ley será fundamental para que el gobierno federal pueda debilitar las estructura financiaras de las bandas que trafican armas o drogas, o se dedican al secuestro, la extorsión y otros delitos.

Ahora sí ya no habrá pretextos. Se resuelven los mecanismos de coordinación entre éstas (PGR y Hacienda) para que no haya falta de información o contradicción en las investigaciones que se desarrollen y se dan atribuciones a la Secretaría de Hacienda para reglamentar los mecanismos que se establecen en la ley , dijo Encinas Rodríguez.

jmonroy@eleconomista.com.mx