Pese a que la entidad de fomento Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) ha ejercido casi 64 millones de pesos en el año en sus dos principales esquemas de apoyo a intermediarios financieros rurales, las sociedades financieras comunitarias (sofincos) no han accedido a un solo peso de dichos recursos.

De acuerdo con el padrón de entidades beneficiarias de la FND, el organismo cuenta con dos esquemas principales para el apoyo a intermediarios: el Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales; así como el Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito.

A septiembre pasado, el Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales desembolsó 63 millones 200,925 pesos en beneficio de 34 intermediarios financieros como cooperativas, asociaciones civiles u organizaciones, y por la integración de 101 expedientes crediticios.

Asimismo, el Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito ha desembolsado 1 millón de pesos entre foros, talleres y otros eventos, estudios de desarrollo rural, proyectos de transferencia de tecnología y eventos financieros que contribuyen al desarrollo rural.

El bloqueo con tinte político

Las sofincos son entidades financieras creadas en el 2009 y su objetivo es atender a la población rural excluida del sistema financiero formal; ofrecen servicios de ahorro, crédito, microseguros, medios de pago, envíos de dinero, financiamiento a la vivienda rural, educación financiera y dinero electrónico a su población objetivo.

En febrero pasado, la FND, que dirige Juan Carlos Cortés, firmó un convenio (como lo ha hecho desde hace 10 años) con la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), que aglutina a 28 sofincos. El acuerdo consiste en que la entidad de fomento tiene que destinar 5 millones de pesos en el 2015 para fortalecer la estructura de estas financieras comunitarias.

Pese a esto acusa la AMUCSS la FND no ha destinado ningún solo peso, de los 5 millones acordados, lo que ha puesto en riesgo la viabilidad de cinco financieras comunitarias que nacieron con los apoyos de esta entidad de fomento y debilita la estructura del resto.

Isabel Cruz, directora general de la AMUCSS, ha explicado que este nulo apoyo por parte de la FND se debe a una instrucción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como consecuencia del cabildeo que realizaron estas instituciones con la finalidad de congelar el dictamen que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Esta reforma, también conocida como ley Ficrea, conllevaba una aportación del gobierno federal por 2,600 millones para resarcir hasta por 1 millón de pesos a los defraudados por esta sociedad financiera popular, una figura diferente a la sofinco.

Dicha ley contempla la desaparición de las sofincos para transformarlas a sofipos, lo que para Cruz es ilógico, pues las financieras populares buscan un lucro para sus accionistas y las financieras comunitarias, basadas en el mutualismo, generan beneficios para la comunidad donde realizan operaciones.

Por su parte, Martín Zuvire, representante la Red de Sofincos de Oaxaca, explicó que las financieras comunitarias buscan atender a las comunidades indígenas, y sin el apoyo del gobierno no se puede incluir financieramente a los cerca 12 millones de personas de distintas etnias.

Actualmente las 28 sofincos atienden a 100,000 personas, lo que es un nivel bajísimo respecto de lo que podríamos atender de manera conjunta con el gobierno federal , explicó Zuvire.

En el país existen 28 sofincos, de las cuales SMB Rural es la única autorizada Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Las restantes son de nivel básico; es decir, que por tener activos menores a 13 millones de pesos no tienen que ser supervisadas ni autorizadas para su constitución. Si se hubiera aprobado la ley, estas entidades estarían destinadas a desaparecer.

Cuando Blanca Alcalá, senadora del PRI, fue cuestionada sobre por qué proponer la desaparición de las sofincos, respondió: Estamos desapareciendo la figura de las sofincos, dándole simplemente la veracidad a lo que implica el objeto del ahorro social y evitando el criterio geográfico .

Con respecto a esto la AMUCSS contestó: Las sofincos son figuras asociativas, completamente distintas de las sofipos, con escenarios diferentes en cuanto a territorio, grupos étnicos, niveles de desarrollo, condiciones económicas y sociales, como se discutió ampliamente en el 2009, cuando se llegó al consenso de crearlas .

El día que se congeló ?la ley Ficrea

Cuando parecía que el resarcimiento hasta por 1 millón de pesos llegaría a los defraudados por la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea, debido a que todo estaba listo para que se aprobara la ley que conllevaba dicha ayuda que otorgaría el gobierno federal, extraños sucesos frenaron la aprobación, lo que generó desilusión (una más) en los ahorradores y un respiro en entidades financieras populares.

Durante el último día de sesiones de la pasada Legislatura en el Senado de la República (LXII), todo estaba listo: la iniciativa de ley pasó en fast track en la Cámara de Diputados, así como en comisiones en el Senado; sólo faltaba su discusión en el pleno del recinto de Reforma para que se aprobara un nuevo marco normativo del sector de las finanzas populares, que conllevaría un resarcimiento a los defraudados de Ficrea gracias a un desembolso del gobierno por 2,600 millones de pesos. A pesar de la rapidez con la que se encaminó la minuta, desde que se presentó, hasta el último día de sesiones del Senado (del 14 al 30 de abril), cientos de manifestantes, en su mayoría campesinos atendidos por sofincos, hicieron presencia afuera de los recintos del Congreso de la Unión para manifestar su descontento ante la propuesta.

La iniciativa fue estructurada por un grupo de legisladores con el apoyo de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como Narciso Campos Cuevas, jefe de la Unidad de Banca de Valores y Ahorro; así como Bernardo González Rosas, recién nombrado titular de la Unidad Banca de Desarrollo.

Los legisladores, junto con los funcionarios, crearon una iniciativa que conllevaba cambios importantes para el sector popular, por ejemplo: la llegada de consejeros independientes a los consejos de administración de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps); los límites de depósitos a las sofipos y la extinción de una de las figuras más nuevas del sistema financiero mexicano: las financieras comunitarias (sofincos). Además, el resarcimiento a los defraudados.

El 30 de abril, en el Senado, legisladores como Javier Lozano (PAN), Blanca Alcalá (PRI) y Gerardo Flores (PVEM) se frotaban las manos para declararse como héroes al aprobar una ley que ellos crearon y que apagaría, en parte, un problema social.

Sin embargo, desde temprana hora de ese día la presencia de Isabel Cruz, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social y una de las principales opositoras a la ley, debido a la desaparición de las sofincos, aparecía a lado de otros legisladores que tomarían la postura de oposición como pretexto para cabildear otros temas que estaban sobre la mesa.

Desde esa mañana, Héctor Larios y Francisco Burquez (PAN), junto con Benjamín Robles (PRD) anunciaron, por separado, que estaban en contra de la ley Ficrea, argumentando que habría repercusiones serias que impactarían a intermediarios financieros del sector popular.

Ante este panorama, todavía en la tarde de aquel día, González Rosas, en representación de Hacienda, se encontraba en los pasillos del Senado explicando los beneficios de esta ley, pero eso no fue suficiente: ya en la discusión en el pleno, el tema Ficrea no aparecía y los jaloneos políticos por temas de otra índole ganaban más peso.

El tiempo se agotó: la sesión en el pleno y la discusión de Ficrea nunca fue tomada en cuenta, lo que automáticamente mandó la ley a la congeladora.

Todavía, al final de la sesión Blanca Alcalá lamentó que no se haya aprobado la ley, que evidentemente era viable para alrededor de 80% de los defraudados por Ficrea (...) y que de ninguna manera se suponía un rescate .

A partir de aquel día, según los organismos que influyeron para mandar a la congeladora la ley, la SHCP dio una instrucción clara y precisa a la banca de desarrollo: vetar los apoyos a las sofincos y con ello encaminarlas a desaparecer, sin necesidad de ninguna ley.