Intermediarios, en contra de la nueva ley de ahorro y crédito

Los organismos representantes de las entidades de ahorro y crédito popular se encuentran inconformes con la iniciativa de una nueva ley que regirá al sector a partir del fraude de Ficrea, que afectó a más de 6,800 ahorradores.

La nueva ley, que avanza rápidamente en el Congreso de la Unión y que tiene la finalidad de mejorar el marco regulatorio en el sector para prevenir fraudes, impactará directamente en las sociedades financieras populares (sofipos), cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) y las financieras comunitarias (sofincos); a estas últimas, las desaparecerán del sistema financiero mexicano, a pesar de que apenas en el 2009 fueron creadas.

Para Guillermo Colín, nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Financieras Populares (Amsofipo), esta ley es una limitante, ya que pretende topar los depósitos en las sofipos en hasta 1 millón de pesos por cada persona física y hasta 5 millones de pesos por persona moral.

No se puede limitar la captación (...) Esto estaría en contra de toda la esencia de un intermediario financiero. Limitarnos implica que habría instituciones financieras de mundos diferentes; se toparía el ahorro, que socialmente hablando es fundamental para el desarrollo del país , acotó.

Al limitar los depósitos de ahorro en las sofipos agregó se propiciaría una ruptura en la cadena de desarrollo porque eliminaría la posibilidad de beneficiar a más usuarios de crédito popular. Esto no cumple con uno de los objetivos de la reforma financiera, que reconoce que se necesita incorporar nuevos mecanismos que permitan a estas entidades ampliar su cobertura y participar de mejor forma.

Por lo anterior, la Amsofipo expresó en un comunicado que al limitar la captación sólo se beneficiará a los bancos, quienes pagan menos intereses y cobran mayores comisiones a los ahorradores, reduciendo de manera sustancial el valor de sus ahorros y en consecuencia se perjudica el desarrollo de las sofipos.

En el país existen 44 sofipos autorizadas que administran 23,822 millones de pesos en activos y tienen presencia en 1,199 municipios del país.

Ignorancia, desaparecer las sofincos

Para Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), la medida de eliminar la figura de las sofincos es un atentado a los derechos humanos de las personas que viven del campo.

Están queriendo cubrir un fraude de privados, castigando a campesinos indígenas organizados en sofincos, porque los 76,000 socios de las 25 entidades de este tipo existentes en todo el país están en riesgo de quedarse sin servicios financieros. Es increíble la ignorancia de los legisladores al confundir a las sofincos con sofipos , explicó en entrevista.

Cruz Hernández detalló que la principal diferencia entre sofincos y sofipos es que estas últimas están compuestas por inversionistas privados que buscan una rentabilidad, mientras que las financieras comunitarias están hechas por campesinos organizados para tener acceso a servicios financieros.

Están recomendando que esos campesinos se conviertan en inversionistas. Esto sería imposible, ya que su fin es ahorrar para tener una solución financiera local, comunitaria y territorial , explicó la directora de la AMUCSS.

Isabel Cruz detalló que en el país existe una sola sofinco autorizada, más 24 entidades que por su nivel de activos no necesitan vigilancia alguna por parte de la autoridad, por lo que son consideradas de nivel básico.

Pese a esto, la representante de la AMUCSS explicó que desde hace dos años seis sofincos pidieron su autorización por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, nunca hubo respuesta por parte de esta autoridad.

Cuestionada sobre si aprovecharían el artículo transitorio que permite a estas sociedades ser sofipos, indicó que la misma estructura de las sofincos imposibilita convertirse en otra figura, pues ya no cumpliría con su fin social.

Socaps, inconformes

Respecto de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, éstas también están inconformes con dicha ley, ya que desaparecerían su órgano de supervisión auxiliar, que con el paso de los años se han ganado para fortalecer el sector .

De acuerdo con la iniciativa de ley, desaparecería el Fondo de Supervisión Auxiliar de Socaps (Focoop) que, como su nombre lo dice, coadyuva en la vigilancia de estas entidades y administra su fondo de protección.

La iniciativa tenía que servir para rescatar a los ahorradores de Ficrea, pero también habrá cambios a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que rige a estas entidades; entre los que más nos afectan está la eliminación del Focoop , explicó Carlos Joel Ramírez Mata, director general de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México.

Nosotros hemos pagado en nuestro fondo de protección los riesgos que hemos tenido, no estamos delinquiendo porque sí es transparente el uso de nuestro fideicomiso. Con estas nuevas medidas, el fondo ya no sería de orden privado, sino de orden público con los recursos generados por nosotros mismos , añadió.

En el país, existen 143 socaps autorizadas que cuentan con un fondo de protección que protege a cada ahorrador hasta por 25,000 Udis (132,000 pesos aproximados). Estas entidades en su conjunto administran 85% (86,251 millones 832,312 pesos) de los activos totales del sector y representan 79% (5 millones 130,970 personas) de todos las 692 entidades detectadas.

Todos estos organismos prevén acciones con el fin de frenar dicha ley, que se espera se vote en el pleno de la Cámara de Diputados, para turnarla a la de Senadores.

En comisión, avanza iniciativa Ficrea

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que expide la ley de ahorro y crédito popular, así como las reformas que avalarían el pago a los ahorradores de Ficrea.

En una reunión extraordinaria, los diputados que constituyen dicha comisión discutieron el dictamen, construido por el grupo bicameral encargado de darle solución a los más de 6,800 ahorradores de la sociedad financiera popular (sofipo).

La medida para resarcimiento del daño a los ahorradores está contemplada en dos vías: liquidar a los ahorradores hasta por 1 millón de pesos, lo que se resarciría a cerca de 80% del universo de defraudados por medio de un préstamo del gobierno federal con recursos fiscales de 1,600 millones de pesos.

Mientras que la segunda es que con un préstamo que realice Nacional Financiera por 1,000 millones de pesos, los defraudados que tengan cantidades superiores a 1 millón de pesos accedan a los recursos de este mecanismo mediante la modalidad de prorrateo.

Durante su intervención, la diputada de Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco, explicó que con esta iniciativa se fortalece el sistema financiero, al establecer mecanismos para sancionar a los defraudadores y evitar que casos como Ficrea se presenten en el futuro.

Los diputados expresaron que con esta iniciativa se modificarían los artículos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por su parte, el diputado priísta Fernando Charleston Hernández indicó que con la solución para los defraudados de Ficrea, se resuelve un problema sin que le cueste un solo peso al gobierno federal.

El fondo de ahorro de 1,600 millones de pesos es un crédito, que a través de la cesión de derechos de los ahorradores el gobierno será el único acreedor de esa cartera que se recuperará .

Con este dictamen también se prevé que las entidades de ahorro y crédito popular sean vigiladas directamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no de manera auxiliar. En la actualidad existen seis federaciones encargadas de supervisar de manera auxiliar a las 44 sofipos y un organismo que también hace esta función para las socaps.

El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y está agendado en la sesión para su discusión en el pleno.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx