A pesar de que la intención de las subastas del Infonavit para reinsertar al mercado la vivienda que en su momento se abandonó, era tener una recuperación de cartera en el organismo, éstas resultaron contraproducente para el mismo pues dicho proceso le representó pérdidas por 245 millones de pesos.

En conferencia de prensa, Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, acotó que estas pérdidas fueron por los procesos de escrituración y reincorporación de dicha vivienda, por lo que el esquema de vivienda abandonada, que fue impulsado por la dirección anterior de David Penchyna, fue suspendido hasta que se decida qué hacer con estas edificaciones que se abandonaron.

“Ya con los números puedo decir que fue una decisión financieramente razonada. En términos netos la institución perdió 245 millones de pesos por estos procesos (de subasta) en términos netos. Es decir, hicimos estas subastas, que eran ya cartera perdida, para recuperar algo de dinero y al final acabamos perdiendo más, entonces eran un absoluto despropósito”, comentó el director del Infonavit en conferencia de prensa.

“Estamos trabajando en un programa integral de qué hacer con la vivienda abandonada, en marzo daremos detalles de este programa pero la idea es tener en mente la regeneración urbana”, añadió en conferencia al anunciar una alianza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evaluar su política de cobranza social.

De acuerdo con cifras del organismo, en la actualidad hay 50,000 viviendas abandonadas que fueron adquiridas vía un crédito de esta hipotecaria del Estado.

Detecta fallas

Durante la conferencia, se explicó que en la actualidad el esquema de cobranza del organismo tiene ciertas deficiencias que vulneran al trabajador que accede a un crédito del organismo y que con el paso del tiempo no puede pagar con el riesgo de que pierda la casa que adquirió el financiamiento.

Bernardo Altamirano, subdirector de Cartera del organismo, indicó que dicho esquema de cobranza carece de controles suficientes para vigilar el actuar de los despachos de cobranza contratar para esta labor; además de que abre la puerta a actos indebidos derivados de que el trabajador acreditado no tiene información adecuada en caso de impago.

Ante esta problemática, el organismo impulsará una serie de medidas con el fin de no vulnerar los derechos del trabajador, como por ejemplo revisar los procesos, políticas y resultados con los despachos de cobranza, así como los mecanismos de pago.

El organismo informó que del 2014 al 2018 fueron 259,000 casos los que se llevaron a juicios masivos con el fin de hacer válida la garantía en caso del impago del crédito; sin embargo, se han detectado anomalías en varios de éstos, como por ejemplo en Nayarit y Coahuila, donde se han señalado presuntas adjudicaciones ilegales en beneficio tanto de despachos, como jueces y magistrados de dichas entidades.