De los 211,000 casos que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene detectados en juicios masivos, por presuntamente existir un impago del crédito, cerca de 77,000 tienen algún tipo de vicio jurídico, lo que pone en desventaja al trabajador en dicha situación, informó Carlos Martínez Velázquez, director general del organismo.

En conferencia de prensa, Martínez Velázquez detalló que en muchos de estos casos el juicio se originó en una entidad distinta al lugar de residencia del acreditado, por lo que nunca se enteraba de que había un proceso de esa naturaleza en su contra hasta que el organismo hacia válida la garantía hipotecaria del financiamiento.

“Hemos encontrado que al menos 77,000 casos, son juicios que tienen algún vicio procesal, es decir, que no hubo ninguna notificación o que tienen algún otro vicio de origen (...) Se llevaban a cabo (los juicios) en una población distinta a la del acreditado. No había una debida notificación”, explicó Martínez Velázquez, y añadió que en al menos 400 casos se detectó que el derechohabiente había liquidado su hipoteca y aún así se inició un proceso jurídico en su contra.

En este contexto, Martínez Velázquez explicó que, como parte de las acciones que le ha solicitado el presidente Andrés Manuel López Obrador al Infonavit, en busca de un enfoque más social, el organismo analiza una estrategia de desistimiento en esos casos que tienen algún vicio procesal y que presuntamente beneficiaron tanto a jueces como a despachos jurídicos que tenían convenio con el instituto para la recuperación de vivienda.

“Buscaremos entre otras cosas el desistimiento, pero eso es parte del análisis jurídico que tiene que hacer la institución de todo el universo de casos de juicios masivos”, comentó Martínez Velázquez.

Se ofrecerían facilidades

Respecto a los otros cuatro puntos solicitados por el presidente, Martínez Velázquez añadió que, si bien ya se hizo un análisis en el consejo de administración del organismo, y se avaló su aplicación, los detalles de dichas acciones se anunciarían una vez que sean consensuadas entre el sector laboral, patronal y gubernamental del mismo.

Por ejemplo, se ofrecerían facilidades de pago a los derechohabientes para que mantengan su patrimonio, por lo que se privilegiaría el esquema de mediación para llegar a un acuerdo de pago con el trabajador que en algún momento no pueda liquidar su crédito.

Asimismo, se premiaría el pago puntual a los acreditados del organismo, donde se le haría un descuento de 10% en caso de que haya liquidado 90% del saldo de su deuda y se premiaría el pago anticipado del financiamiento.

“El consejo de administración aprobó un presupuesto de 900 millones de pesos para aplicar a un programa específico, para que los trabajadores que hayan llegado a 90% de su saldo puedan acceder a 10% de descuento de la cuenta final”, sostuvo.

Respecto a la propuesta presidencial de ampliar el universo del esquema de reestructura de créditos originados en veces salarios mínimos para convertirlos a pesos y tasa fija, Martínez Velázquez puntualizó que sólo automatizará los beneficios.

El funcionario precisó que en este punto el Infonavit consultó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que regula al organismo, con el fin de otorgar los beneficios del esquema de manera automática, sin necesidad de que el trabajador inicie algún procedimiento para saber si califica para ser beneficiario del mismo.

“Este año se espera llegar a beneficiar a 194,000 trabajadores, prácticamente 800,000 en todo el sexenio, pero la idea era avanzar más rápido (...) Proponemos hacerlo de manera automática, lo cual CNBV vio favorable”, refirió.