Nueva York.- El Departamento de Justicia decidió no formular cargos penales contra el ex director de una división de American International Group Inc. cuyo comercio con valores hipotecarios casi llevó a la bancarrota a la gigante aseguradora y originó un controversial rescate gubernamental, dijeron abogados involucrados en los casos.

La decisión parece poner fin a la indagación penal de AIG, pero continúa una investigación de la Comisión de Valores y Cambio (SEC por sus iniciales en inglés) a AIG y a las transacciones de su subsidiaria Financial Products, con sede en Londres, la cual podría conducir a un caso civil por fraude con certificados de garantía.

Abogados que representan a Joseph Cassano, quien manejó la unidad Financial Products de AIG, y a Andrew Forster, quien trabajó para Cassano, señalaron que fiscales federales les dijeron a última hora del viernes que no se presentarían cargos penales.

Una persona con conocimiento de la investigación penal a AIG por parte del gobierno confirmó que no se formularían tales cargos. Esta persona no está autorizada a hablar públicamente sobre el caso, por lo cual pidió no ser identificada.

El Departamento de Justicia rechazó el sábado hacer comentarios al respecto.

Investigadores de la SEC han estado involucrados en el caso desde el comienzo, pero no está claro cuándo se tomará una decisión sobre un caso civil por fraude.

Fiscales federales estaban investigando a la unidad Financial Products de AIG, la cual comerció contratos financieros denominados intercambio de impago de crédito (CDS, por sus siglas en inglés), que ayudaron a hundir a AIG en septiembre del 2008, llevando a la compañía a un rescate financiero financiado por los contribuyentes.

Los CDS vendidos por AIG eran certificados de garantía semejantes a un seguro sobre valores hipotecarios que terminaron obligando a AIG a pagar miles de millones de dólares después de la ruina del mercado de vivienda.

Los investigadores estaban analizando si directivos de Financial Products trataron de engañar a inversionistas y a los auditores de AIG, PricewaterhouseCoopers, distorsionando el valor contable de una cartera de créditos con suspensión de pagos.

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