AIG México, también fuera de la ley

Vamos a ponerlo así de claro: el verdadero riesgo, hoy, de una falla de todo el sistema financiero de los Estados Unidos no se llama Citigroup, se llama AIG. Esta aseguradora fue alguna vez la más grande de ese país. Tiene operaciones en 130 países, incluido México, y sus acciones cotizan en los mercados de Nueva York, Londres, Paris y Tokio.

No es difícil entender por qué el gobierno de Barack Obama no ha dudado en utilizar 180,000 millones de dólares de los contribuyentes para rescatarlo.

AIG implica, dentro de la economía estadounidense, 375 millones de pólizas con un valor de 19 millones de millones de dólares. Déjeme escribir la cifra con todo y sus ceros:

19,000,000,000,000. Si los tenedores de estos seguros decidieran, en un ataque de pánico, retirar sus recursos, no habría manera de enfrentar semejante ola y el contagio a todo el resto del sistema de seguros y financiero sería irremediable.

Sucede que AIG, al igual que muchas otras intermediarias que vivieron los excesos de la borrachera financiera de los últimos años, cometió serios errores de evaluación de riesgos e hizo negocios, rentables en sus resultados financieros, pero de un altísimo costo para la compañía si fallaba la apuesta, como finalmente sucedió.

Vamos, para explicarlo con total claridad es como si AIG transportara tanques rellenos de gasolina en un camión de escuela.

Pero además del riesgo financiero que hay en esta historia para México, está el aspecto legal. AIG opera al margen de las leyes mexicanas. Aunque también recurren al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) como una vía de salida en este tema.

Claro que Banamex, por su tamaño e importancia (y porque en el nombre lleva el peso nacionalista), ganó todos los reflectores con el asunto de la propiedad de sus acciones. Pero el caso del American International Group (AIG) rebasa los márgenes de discreción con el tema legal. Hoy, 80% de la compañía es del gobierno de EU.

La letra de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros de nuestro país es tan clara como la que regula a los bancos.

En su artículo 29 no les deja a los señores de AIG la más mínima rendija para argumentar nada tras el rescate: "No podrán participar en forma alguna en el capital de las instituciones de seguros -dice el inciso uno bis-, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad". Y, lo dicho, ocho de cada 10 acciones de AIG son propiedad del gobierno estadounidense.

American International Group es una aseguradora que en México no está en los primeros lugares. Sin embargo, tiene operaciones por casi 5,000 millones de pesos que lo ubican en el lugar 17 entre las empresas de seguros que operan en nuestro país.

Entonces, al Estado mexicano no le quedan muchas opciones. O se pone de acuerdo el Gobierno federal y con el Congreso para cambiar urgentemente las leyes financieras y las adapta a la realidad de esta crisis brutal y global, o inicia cuanto antes la venta de garaje de los activos de las instituciones financieras que hoy viven en la ilegalidad.

La primera piedra

Después de que comprobamos que el colmo de un Secretario de comunicaciones es que se cuelguen de su teléfono, hay que esperar que Juan Molinar Horcasitas sea eficiente y discreto en su trabajo.

Su paso por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anticipa un buen desempeño, aunque los tiburones que se mueven en las aguas de las telecomunicaciones de este país dejan en calidad de "charalitos" a los líderes sindicales del IMSS.

Tan pronto como llegue a su despacho (y una vez que compruebe que no hay pájaros en el alambre) el nuevo Secretario se encontrará con una gran cantidad de temas pendientes, sobre todo los que tienen que ver con el llamado triple play.

Pero, ojalá que también tenga tiempo para atender otros asuntos que son importantes, como el enorme retraso que hay en los sistemas de cobro de las autopistas.

Las filas son interminables y el sistema IAVE, que es presentado como la gran solución tecnológica para el pago del peaje, está lleno de irregularidades como dobles cobros, cargos incorrectos y cruces muy lentos.

Si no afectara tanto la competitividad sería divertido ver a los pobres automovilistas moviendo su calcomanía o su coche para que se digne el obsoleto receptor registrar el intento de paso.