Traslado de presos, simbólico y en respuesta a presión: expertos

El envío de 37 personas privadas de la libertad a Estados Unidos por parte del gobierno mexicano debe leerse como una respuesta directa al aumento de las presiones de la administración de Donald Trump, además de que es un acto de exilio que carece de sustento jurídico en el marco legal mexicano, consideraron tres especialistas consultados por El Economista.

Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, explicó que la única figura legal similar, para haber enviado a las personas, es la expulsión administrativa, facultad del Instituto Nacional de Migración, pero aplicable únicamente a personas extranjeras.

Subrayó que, incluso en el caso de ciudadanos mexicanos que cometen delitos graves, el Estado no puede privarlos de su nacionalidad ni expulsarlos del país, ya que se trata de un derecho vinculado a la identidad y protegido constitucionalmente.

Por otro lado, consideró que, además de ilegal, el traslado masivo evidencia un agotamiento de la estrategia del gobierno mexicano frente a la presión de Estados Unidos.

Menor relevancia

Hernández señaló que, a diferencia de envíos anteriores realizados en 2025, en los que se incluyeron perfiles de alto impacto, la reciente tanda está integrada por personas de menor relevancia criminal, lo que, dijo, reduce su valor político y estratégico ante las autoridades estadounidenses.

"Lo que está ocurriendo es una devaluación del tipo de cambio en el sentido de que, mientras que hace 10 años extraditar a una persona como la Tuta nos hubiera comprado toda una década de buena fe de los Estados Unidos, ahora el mandar estas grandes tandas con gente muy importante, a lo mucho nos compra 60 días o 90 días de que no nos pongan un arancel o que Trump diga 'ya no voy a invadir México'", comentó el experto.

Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), consideró que, durante la última llamada entre el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el canciller Juan Ramón de la Fuente “dejó claro que para el gobierno de Estados Unidos cualquier avance incremental en materia de seguridad resultaba inaceptable”, lo que llevó a México a responder con la entrega de personas fuera de los mecanismos tradicionales de extradición.

Añadió que, aunque no se trate de grandes capos, “enviar 37 personas para que Estados Unidos pueda interrogarlos y pueda seguir los procesos penales que tenga sobre estas personas tiene una dimensión simbólica”, particularmente para la narrativa de cooperación bilateral.

No obstante, Sánchez advirtió que no es posible asegurar que este tipo de acciones sean suficientes para contener las presiones de Washington.

“La impredecibilidad de Trump es tan grande y el nivel de incertidumbre sobre lo que puede o va a hacer es tan grande que no sabría decirte si esto va a ser suficiente”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de que México entregue a personajes políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, Sánchez descartó ese escenario en el corto plazo. “No creo que en este momento sea posible porque no hay procesos judiciales abiertos que hagan viable un mecanismo similar”, afirmó.

Indicó que, hasta ahora, los envíos se han limitado a personas que ya se encontraban privadas de la libertad y sujetas a procesos penales.

Resultados

Mientras que, para Vicente Sanchez, investigador del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, consideró que, más allá de los traslados de detenidos, el gobierno mexicano tendría que mostrar, a su símil estadounidense, resultados tangibles en la recuperación del control territorial en regiones donde, afirmó, el crimen organizado ha desplazado a las autoridades locales.

Apuntó que una estrategia efectiva implicaría no solo la captura de actores criminales, sino también el desmantelamiento de las alianzas entre estructuras políticas y criminales en esos territorios, lo que representaría un mensaje más contundente en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad.