Sheinbaum responde a EU con reforma para encarcelar a agentes sin permiso en México

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a la Cámara de Senadores modificar la Constitución para incluir el “delito de terrorismo” en la lista de casos que ameritan prisión preventiva oficiosa. 

Así como establecer, en el Artículo 19 constitucional, que dicha medida cautelar aplicará también e “impondrá la pena más severa posible” al nacional o extranjero “involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley”, tales como “intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación”, o “golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

El pueblo de México, cita el proyecto de enmienda del artículo 40 constitucional: “Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables”.

La exposición de motivos de la iniciativa presidencial refiere que resulta oportuno y conveniente adicionar el artículo 40 de la Constitución “para que quede establecido de manera categórica que el pueblo de México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo intervención, intromisión o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de la independencia, la integridad y la soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o violación del territorio nacional, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

Y precisar “con claridad que México rechaza cualquier intervención para la investigación y persecución del delito sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables” porque el “país privilegia la cooperación y la coordinación para el combate de actividades delictivas que ponen en riesgo la seguridad de la Nación y de las personas”.

Los tiempos que corren, se arguye “están caracterizados por el signo de la complejidad y ello hace necesario enaltecer, ratificar y fortalecer los principios históricos, los cuales constituyen un poderoso capital existencial y político y una inagotable fuente de reserva estratégica para enfrentar los desafíos del presente”.

La iniciativa fue remitida a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y eventual aprobación.

Decisión unilateral

Después de conocerse que el gobierno estadounidense declaró a los cárteles de Sinaloa; Jalisco Nueva Generación; Unidos; del Noreste; del Golfo y la Nueva Familia Michoacana, así como sus ramificaciones, en grupos terroristas, la presidenta mexicana calificó la acción como una decisión unilateral.

“Esta designación de terroristas de los grupos delincuenciales en México, los llamados cárteles, es una decisión que toma Estados Unidos, no es una decisión que hayan consultado con nosotros”, precisó la titular del Ejecutivo federal mexicano.

Sheinbaum rechazó que la designación de los cárteles como terroristas pueda ser una forma en la que el gobierno estadounidense justifique alguna intervención en territorio nacional.

“Ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, dijo.

Demanda contra fabricantes de armas

Además de la reforma constitucional, Sheinbaum Pardo anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores ampliará la demanda del gobierno mexicano contra fabricantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos.

La medida busca responsabilizar a estas empresas por la venta de armamento que termina en manos del crimen organizado en México.

“Dado este nombramiento, pues tiene que haber un vínculo entre quién le vende a las armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados con este nombre por parte de los Estados Unidos, entonces va a haber además una ampliación de esta demanda por complicidad de aquellos que vendan armas de que son introducidas en nuestro país.”, apuntó.

En este contexto, la mandataria recordó el fracaso del operativo estadounidense denominado “Rápido y Furioso”.

“Supuestamente, pusieron chips a las armas para ver (…) se las vendieron a los grupos criminales para ver dónde terminaban las armas, y luego ya no sabían dónde estaban los chips. O sea, es de verdad (…) Y luego, nadie fue juzgado por eso, nadie, por un acto de ese nivel de criminalidad”.