Mujeres indígenas, bajo el abandono y la exclusión laboral

En México, casi la totalidad de las mujeres indígenas adultas mayores han pasado la mayor parte de su vida sin tener acceso a la seguridad social, es decir, nunca han tenido un empleo formal que les otorgue un contrato o prestaciones como vivienda, pensiones y vacaciones.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tan sólo en 2024, 96.7 % de las mujeres indígenas adultas mayores en el ámbito rural vivía sin cotizar ante una institución de seguridad social.

Dicha cifra contrasta con 57.7 % de las mujeres “no indígenas” que vive en las ciudades, y que reportaron la misma situación. Esto representa una brecha de 39.0 puntos porcentuales entre ambos grupos.

Si bien esta brecha entre las propias mujeres indígenas ha disminuido ligeramente en los últimos años, ya que al comparar con 2016 se observa que pasó de 97.5 a 96.7%; al cotejar las cifras con las mujeres “no indígenas” se observa que esta brecha va en incremento, ya entre cada grupo la brecha que pasó de 29.3 a 39 puntos porcentuales.

Es así que se observa que mientras las mujeres “no indígenas” adultas mayores que viven en las ciudades van ganando cada vez más espacios laborales formales, no es así con las mujeres mayores de comunidades indígenas, quienes mantienen un rezago considerable.

Derecho humano

Sobre este asunto, Marianela Fernández, coordinadora de la estrategia de Justicia Laboral de Oxfam, una organización mundial que lucha contra la pobreza y la desigualdad, destacó que para que las mujeres pertenecientes a comunidad indígenas tengan un mayor a acceso a servicios básicos, el Estado debe tener claro que la Seguridad Social también es un derecho humano.

En el caso específico de las mujeres indígenas, donde resaltó que la informalidad supera el 80%, la experta advirtió que muchas de las mujeres pertenecientes a poblaciones indígenas se insertan en actividades económicas caracterizadas por esta informalidad estructural, baja regulación, ausencia de contratos por ser los empleos que están a su alcance.

Ejemplo de ello, dijo, son las mujeres jornaleras agrícolas originarias de la montaña de Guerrero, quienes trabajan de manera temporal con falta de protección y seguridad social, lo cual se ha recrudecido.

“Porque justo el acceso a la seguridad social depende de la calidad laboral y entonces, muchas veces en estos centros de trabajo, pues no hay contratos, no hay un vínculo más que de palabra y esto pasa mucho también con, por ejemplo, el trabajo del hogar, el trabajo de cuidados remunerado… Esto genera que estén en la sombra de la pirámide del empleo, que es esta informalidad tan enorme”, subrayó.

Por otro lado, destacó que la brecha tan enorme que existe entre las mujeres indígenas y no indígenas que no cotizan, es muestra de la concentración de los trabajos con seguridad social, ya que en el caso de las mujeres indígenas, en su mayoría están trabajando en sectores donde la seguridad social casi ni existe.

“En el trabajo agrícola temporal, en el trabajo del hogar, en el comercio informal en el trabajo de cuidados no remunerado y que también puede ser en la agricultura de autoconsumo y en estos sectores pues el empleo suele ser sin contratos, sin registro ante el IMSS, por temporadas o incluso por día”, explicó.

Violencia estructural

Por su parte, Sandra Sandra Alarcón, de la organización Tlachinollan y quien forma parte del grupo coordinador de la Alianza Campo Justo, un esfuerzo colectivo que busca que se implementen políticas públicas incluyentes, que permitan el acceso efectivo a los derechos para todas las personas jornaleras, destacó que esta problemática se ve influenciada por violencias estructurales que viven las mujeres indígenas.

En específico, con las mujeres jornaleras señaló que implica que también hay una falta de acceso a educación, debido a que muchas de ellas son monolingües, no saben leer ni escribir, lo que no les permite encontrar oportunidades de trabajo en sus comunidades.

Aunado a que señaló que tampoco hay una coordinación entre autoridades tanto a nivel, municipal, estatal o federal para realmente estar vigilando que estas empresas puedan cumplir con ciertos estándares y puedan asegurar el acceso a la seguridad social.

Incluso advirtió que también se les suele engañar, ya que se les ofrece un contrato y todas las prestaciones de ley, pero al momento de llegar al área de trabajo, que muchas veces son fuera de su comunidad o en diferentes estados, esto no se cumple.

De igual manera sostuvo que aunque el actual gobierno de Claudia Sheinbaum ha buscado reconocer a este sector de población, en realidad no ha habido impulsos claros o políticas públicas para atender la problemática.