Fiscalías estatales adolecen de autonomía y eficiencia

El sorpresivo relevo de Alejandro Gertz Manero de la titularidad de la Fiscalía General de la República, por Ernestina Godoy Ramos, una persona cercana a la presidenta, Claudia Sheinbaum, propició que consultores en políticas públicas en materia de seguridad llamaran la atención sobre lo que ocurre en las fiscalías estatales, las cuales acusan serias debilidades institucionales y deficiencias en materia de autonomía, profesionalización y capacidades institucionales.

Lo preocupante es que esas instituciones locales encargadas de procurar justicia se encuentran en un estado que les impide cumplir con sus obligaciones legales a pesar de que hace 17 años ocurrió la reforma constitucional que introdujo el sistema penal acusatorio; que pasaron 11 desde la publicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales; que van ya 16 años de la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 14 de la creación de la Fiscalía General de la República, en cuyos procedimientos legislativos se señaló la necesidad de fortalecer a las fiscalías estatales.

De acuerdo con las conclusiones del informe “Una aproximación al estado que guardan las policías, fiscalías y penales estatales”, concluido hace unas semanas por las organizaciones civiles Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero, “la persistente inseguridad e impunidad en México está intrínsecamente ligada a la debilidad crónica de sus instituciones de seguridad, justicia y penitenciarias”.

Aseguran que, a escala estatal, las fiscalías enfrentan un deterioro creciente, el cual es resultado de un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que no ha logrado implementar políticas nacionales efectivas para el desarrollo de estas instituciones, y de la disminución de fondos federales.

Autonomía

El análisis refiere que, en ocasiones, la figura de autonomía se convierte en una etiqueta que no corresponde a los mecanismos de designación y remoción de fiscales, los cuales permiten una injerencia significativa de los gobernadores.

Si se comparan las fechas de inicio de gestión de cada uno de los gobernadores que hoy están en esa función y la de los fiscales actuales, se observa que solamente los fiscales de Estado de México, Nayarit, Veracruz y Yucatán llegaron antes que el mandatario de su entidad.

Además, si bien ya pasaron más de 10 años de la reforma para otorgar autonomía a las fiscalías, en Baja California Sur e Hidalgo siguen siendo definidas en las normativas estatales como dependencias del Poder Ejecutivo.

Las citadas organizaciones crearon un índice de transparencia sobre el grado de desarrollo de las instituciones de procuración de justicia estatales, que otorga una calificación de -100 a 0, de tal forma que, entre más cercana a cero, la calificación indica mayor cumplimiento, y mientras más cercana a -100 más alejada está la institución de cumplir con sus obligaciones legales.

En materia de transparencia destacan la persistencia de mecanismos en los que la designación del fiscal general recae directamente en el Poder Ejecutivo, como se observa en Campeche, Durango y Baja California, limita la independencia estructural deseada.

La diversidad de periodos, como Quintana Roo y Yucatán con lapsos amplios de 12 años, y 17 entidades optando por períodos de siete y nueve años, demuestra una búsqueda activa de estabilidad y proyección a largo plazo para estas figuras clave. Sin embargo, la persistencia de periodos de seis años, similares a los de las gubernaturas en cinco entidades, plantea un cuestionamiento legítimo sobre la consecución de una designación escalonada.

Según el indicador, quienes acusan mayor deficiencia en materia de independencia son las fiscalías de Baja California Sur, Hidalgo y San Luis Potosí y las que menos Ciudad de México, Nayarit y Morelos.

Al respecto, Claudia Ivette Morales, coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, opinó que la autonomía debería ser hoy la gran apuesta de las fiscalías estatales

La investigadora, quien formó parte del equipo que realizó el análisis sobre la situación en la que se encuentran las fiscalías estatales, destacó que, si bien la autonomía debe ser una de las fortalezas de las fiscalías, lo que existe es que los gobernadores intervienen en la designación de los fiscales y en pocas entidades se permite la participación de organizaciones civiles.

“Necesitamos personas idóneas y eso significa que deben hombres o mujeres con las capacidades, formación y experiencia, con el fin de que tomen decisiones técnicas, no políticas”.

En entrevista, recalcó que la autonomía, la coordinación con las demás autoridades y los buenos resultados no son excluyentes.

Lo que implica la autonomía es realizar el trabajo mediante el principio de la debida diligencia, es decir, realizar la procuración de justicia con base en los criterios establecidos en la Constitución y en las leyes, abundó.

En ese sentido dijo que el gran temor que existe, con la intromisión de los gobernadores en la designación de los fiscales, es que lo que haya sea subordinación de la fiscalía a los gobiernos estatales, lo cual puede derivar en, no solo deficientes investigaciones no apegadas a derecho, sino que se utilice a esas instituciones con fines políticos, en cacerías de brujas y persecuciones políticas.

Por su parte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró que lamentablemente no se ha cumplido con la intención de tener fiscalías autónomas.

En ese sentido mencionó que lo que acaba de pasar con el nombramiento de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, es lo que pasa con las fiscalías estatales, en donde solo se simula que los congresos la designan, cuando realmente quienes lo hacen son los gobernadores y en el ámbito federal la presidenta.

El reconocido consultor indicó a este periódico que, en algunos casos, al no haber autonomía, lo que acaba ocurriendo es que únicamente se persiguen judicialmente a enemigos políticos de las personas en el gobierno.

Remarcó que lo que se buscaba era tener fiscalías autónomas con el fin de evitar que se realizaran investigaciones judiciales pactadas con los gobernadores y que la permanencia de los fiscales trascendiera los periodos sexenales. Ninguna de las dos se ha cumplido, enfatizó.

“La mayoría en cuanto llegó un gobierno nuevo renunciaron argumentando causas poco creíbles”.

Profesionalización

En el ámbito de la profesionalización, los análisis realizados por Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero, refieren que se observan esfuerzos en capacitación pero persisten lagunas preocupantes en la formación inicial y en cuanto a la actualización del personal sustantivo, lo que incide directamente en la calidad de la investigación y persecución de delitos.

Concretamente refiere que la carrera ministerial muestra debilidades en la implementación de procesos claros y transparentes de promoción por mérito, afectando la motivación y el desarrollo profesional.

También refieren que la certificación del personal enfrenta obstáculos significativos en la falta de transparencia sobre el número de elementos acreditados en control de confianza, competencia y desempeño, impidiendo una verdadera rendición de cuentas sobre la idoneidad de quienes integran estas instituciones.

En materia de certificación, Chihuahua cuenta con el mayor número de servidores públicos certificados, junto con Veracruz, Puebla y Tabasco. En contraste, las instituciones de procuración de justicia en Chiapas, Ciudad de México y San Luis Potosí, son las que cuentan con la menor cantidad de personal certificado.

Del mismo modo, en el ámbito de la evaluación de competencia, se detectó que la mayoría de las entidades no cuentan con manuales o lineamientos para la realización de evaluaciones a ministerios públicos y peritos. Sin embargo, destacan Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tabasco y Yucatán, por ser las únicas entidades que evalúan las competencias de los tres perfiles sustantivos.

Los análisis de una serie de indicadores sobre certificación muestran con mejores calificaciones Michoacán, Puebla y Estado de México y en los últimos lugares Coahuila, Colima y Morelos.

En materia de profesionalización, los esfuerzos de capacitación también exhiben inconsistencias, tanto en el número de cursos como en las horas invertidas. 

Según el documento, si bien hay entidades que reportan un elevado número de capacitaciones, no siempre se correlaciona con una gran cantidad de horas de formación. Por ejemplo, Michoacán reportó un total de 82 capacitaciones, equivalentes a un total de 8,037 horas de formación; en contraste, Veracruz, reportó 85 capacitaciones, equivalentes a un total de 48,932 horas.

A su vez, la cantidad de personal capacitado varía drásticamente entre las entidades que reportaron datos. Hay entidades como Tamaulipas y Estado de México, que muestran un alto volumen de capacitación; en contraste con entidades como Sinaloa y Tlaxcala, con cifras mucho más bajas.

Por ello, las organizaciones concluyen que la profesionalización del personal de procuración de justicia en México avanza, pero de forma desigual y con una urgente necesidad de estandarización, inversión equitativa en todos los perfiles y una mayor transparencia.

Del análisis realizado por las citadas organizaciones destaca situaciones como las siguientes:

• En Durango se encuentran en el proceso de creación del Servicio Profesional de Carrera y su fiscalía no cuenta con un procedimiento estandarizado para detectar las necesidades de capacitación del personal (como establece la ley), sino que depende de sus titulares determinarlas.

• En el Estado de México, la promoción de grados de su personal queda a discreción de los mandos.

• En Campeche, no cuentan con un programa para la formación del personal pericial.

• En Chiapas no realizaron cursos de actualización ni cursos de formación inicial del personal sustantivo durante 2024.

• En Baja California no se implementan procesos de certificación en materia de desempeño y competencias para ministerios públicos.

• En Oaxaca ningún ministerio público, policía de investigación o personal pericial cuenta con el certificado que acredite que aprobó las evaluaciones de control de confianza, desempeño y competencia.

Operan con menos presupuesto

Las entidades con mayor deficiencia en profesionalización son Coahuila, Colima y Morelos y las que están en mejor situación son Michoacán, Baja California y Yucatán.

Sobre este asunto, Francisco Rivas expuso que hasta ahora se ha tenido una profesionalización de las fiscalías muy deficiente, debido a la falta de recursos.

Destacó que en el último sexenio las fiscalías estatales perdieron más de 40% de sus recursos presupuestales, lo cual tiene un impacto negativo en su desempeño.

Por otra parte, indicó que lo que ha ocurrido es una menor disposición de las fiscalías estatales a colaborar con la sociedad civil, la academia o con organizaciones internacionales, lo cual ha afectado las competencias de los funcionarios de las fiscalías.

A su vez Claudia Ivette Morales, Núñez, destacó que los peritos son los funcionarios que menos capacitación reciben y son el tipo de funcionarios que menos hay, pese a la importancia que tiene su trabajo en la investigación de delitos.

En una situación similar se encuentran los ministerios públicos, pues son muy pocos los que están recibiendo capacitación para mejorar sus habilidades y puedan ser certificados.

Dijo que quienes más capacitación reciben son los policías de investigación y eso se debe al trabajo que se realiza desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Algunos indicadores dan cuenta de las capacidades institucionales de cada dependencia. Sólo 18 de las 32 fiscalías (56%) reportaron contar con algún marco normativo que regula el Servicio Profesional de Carrera; en 2024, solamente cinco fiscalías realizaron algún tipo de convocatoria de promoción de grados para sus perfiles sustantivos.

Aguascalientes, Chiapas y Michoacán tienen menos ministerios públicos que en 2018

Por otra parte, a escala nacional si bien hoy hay más ministerios públicos del fuero común que en los años recientes, hay entidades que registran retrocesos en la materia.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023 (que son las cifras más recientes que reporta la institución) había en México un promedio de 10.8 agentes y/o fiscales del fuero común por cada 100,000 habitantes, que es la cifra más alta en los últimos ocho años. En 2016 había 8.3.

Si se analizan las estadísticas al respecto, llaman la atención los casos de Guerrero, que en 2023 tenía 3.0 y en 2018 eran 8.7; Aguascalientes, que en 2023 tenía 5.9 y en 2018 eran 10.8; Chiapas, que en 2023 tenía 5.9, cuando en 2018 tenía 10.8; y Michoacán que en 2023 tuvo una tasa de 9.4, cuando en 2018 eran de 12.1.

Tenemos fiscalías reactivas

Por otra parte, según el Almanaque 2024. Balance de Justicia Penal México, realizado por World Justice Project, la actuación de las corporaciones aprehensoras y de las fiscalías es esencialmente reactiva a la comisión de delitos, muchos de ellos de poca relevancia.

Según la organización, prueba de ello es que la posesión ilegal de drogas representa el 25% de los delitos federales con sentencia, lo que genera altas cargas de trabajo y desgaste institucional, sin contribuir a la seguridad o contención de los fenómenos delictivos, es decir, la crisis de violencia y seguridad que atraviesa el país difícilmente tiene una correspondencia con la actuación del aparato penal del Estado, que está reflejada en quienes se encuentran en prisión.

Subraya que la falta de profesionalización en la investigación y persecución del delito apunta hacia la necesidad que existe de invertir esfuerzos y recursos en las capacidades institucionales con las que cuentan las fiscalías y las corporaciones aprehensoras

Persiste desconfianza ciudadana

Por otra parte, el análisis “Percepciones de impunidad 2025” realizado por Impunidad Cero, expone que según resultados de encuestas realizadas por esa organización, hay una preocupación ciudadana generalizada sobre la corrupción que atraviesa distintas etapas del proceso penal.

Por un lado, 56% de las personas encuestadas considera que el Ministerio Público “siempre” o “casi siempre” solicita una “mordida” a cambio de no desechar una investigación, mientras que un 26% respondió que esto sucede “de vez en cuando”. Según la organización, esas cifras muestran que la ciudadanía percibe una continuidad de abusos que inicia desde el primer contacto con las autoridades y se mantiene durante la fase de investigación del delito. Esta experiencia acumulada de corrupción institucional debilita no sólo la confianza en las autoridades, sino también el propio incentivo para denunciar delitos, pues el sistema es visto no como un medio de acceso a la justicia, sino como una fuente de victimización adicional.