Módulos del Bienestar: estructura paralela de distribución

Para el Gobierno es evidente que fue una idea genial lanzar las llamadas “Farmacias del Bienestar”, pero el anuncio detonó una ola generalizada de críticas dentro del propio sector salud, donde médicos y personal frustrado por el persistente desabasto de insumos ven en esto otra iniciativa espectacular que distrae del problema real.

La verdad es que el tono del anuncio en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la creación de 2,000 Farmacias del Bienestar que para 2026 abrirán 24 horas los 365 días del año, evocó las promesas transformadoras de su antecesor; primero por esa declaración de que "se acabó el negocio de la salud; los medicamentos ya no serán una mercancía".

Y segundo, porque nos remite a cuando el expresidente AMLO se refería a la bodega de Huehuetoca como MegaFarmacia promoviéndola como algo grandioso y terminó siendo un monumental fracaso con un costo de no menos de 3,600 millones de pesos (ejercidos durante 2023 y 2024, pues en 2025 no se sabe cuánto al quedar eliminado el proyecto), dinero que mejor se hubiera destinado a adquirir más medicamentos y reducir las carencias hospitalarias.

El punto es que las llamadas "farmacias del bienestar" —así entre comillas porque en realidad son pequeños módulos movibles, usados normalmente en bazares, expos o tianguis—, serán instaladas en unidades de IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, pero estarán a cargo de la Secretaría del Bienestar encabezada por Ariadna Montiel Reyes —no de la Secretaría de Salud que encabeza David Kershenobich— y de Birmex que lleva Carlos Ulloa Pérez, un ente que ya concentra el 78% de las compras consolidadas de 2024-2025 pero sin resultados tangibles y operando con marcada discrecionalidad.

La iniciativa de los módulos podría verse como bienintencionada; quizá la idea es sacar de la jugada al personal formal de salud en las instituciones donde se sigue presentando desvío y robo hormiga de medicamentos, un problema histórico sin resolver.

Lo evidente es que las autoridades de Salud no intervinieron porque el plan refleja un desconocimiento total no sólo de cómo opera el sistema público de salud, sino de la propia Ley General de Salud, que clasifica y define en su Artículo 226 sobre el manejo adecuado de medicamentos prohibiendo expresamente el uso de "puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes". En el sector privado esto no está permitido y se tiene bien controlado, porque ante cualquier incumplimiento la autoridad aplica severas sanciones. Pero con su nueva iniciativa es evidente que para el Gobierno el uso de módulos sí es permitido, aunque la ley lo impida.

Por otro lado, surge la duda sobre si esas “farmacias” serán reguladas. ¿Se aplicará la ley, o será otro caso de discrecionalidad? Aquí le tocaría levantar la mano a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y explicar cómo y porqué se permitirá el manejo de medicamentos fuera de las estructuras formales de salud y de parte de los llamados servidores de la nación sin acreditación alguna para ello. Porque la dispensación de medicamentos no es cualquier cosa; requiere preparación, tener conocimiento sobre la normativa sanitaria vigente, gestión de inventario, atención al público y coordinarse con personal médico pues trabajarán de la mano con el personal contratado para Salud Casa por Casa, unos 20,000, en su mayoría de enfermería que emiten las recetas permanentes para padecimientos como hipertensión o diabetes.

Además, si se supone que estos módulos serán para cubrir a la población atendida y cubierta desde el programa Salud Casa por Casa, es decir personas mayores y discapacitados, con el objetivo de evitarles acudir a las clínicas, ¿cómo es que sí los harán trasladarse para recoger sus medicamentos?

En conclusión, el anuncio de las Farmacias del Bienestar suena ambicioso y popular, pero el temor es que la red de 2,000 módulos se conviertan en una estructura paralela fuera del control de las instancias de Salud, mientras sigue sin resolverse la carencia y el caos en hospitales.

$25,000 millones para medicamentos, ejercidos no por Salud

Otro factor que genera incógnitas es el presupuesto destinado a este programa: la misma presidenta estimó que costará unos 25,000 millones de pesos anuales una vez esté en pleno funcionamiento; la duda es si serán ejercidos por Bienestar o por Birmex, ahora "Distribuidor Nacional de Insumos para la Salud". Es una quinta parte de lo aprobado en 2025 para medicamentos e insumos de salud (129,000 millones de pesos), pero dado el gran subejercicio que se arrastra desde hace años en este rubro, hay gran escepticismo de que se ejecute de verdad con eficiencia. Aparte, la concentración de contratos en Birmex genera sospechas: en redes circulan listas de sus 10 principales proveedores, varios creados en 2023-2024 y al menos tres con vínculos a exfuncionarios de la 4T. Expertos del sector proveedor cuestionan la transparencia, advirtiendo que esto podría ocultar "negocios" disfrazados de bienestar social.

Sigue la opacidad en compras de medicamentos

Y sobre el tema de compras públicas, es increíble que la 4T no aprenda las lecciones. Es inaceptable y alarmante que, una vez más, la compra consolidada complementaria I97 —que definirá el abasto de más de 600 millones de piezas de medicamentos y material de curación para 2026— se esté ejecutando en medio de una opacidad escandalosa. Desde este lunes corren las ofertas subsecuentes de descuento de más de 700 claves críticas, pero la Secretaría de Hacienda y la Comisión Coordinadora siguen ocultando la evaluación técnico-económica obligatoria, violando flagrantemente las reglas de operación y dejando en indefensión a los participantes. Fuentes consultadas nos comentan que laboratorios nacionales e internacionales con precios altamente competitivos están siendo excluidos de manera arbitraria, mientras se abre la puerta de par en par, otra vez, a distribuidores sin capacidad real de fabricación y a productos con registros sanitarios dudosos o no reconocidos por Cofepris. Esta discrecionalidad rampante no solo pone en riesgo el ahorro presupuestal, sino la calidad de los insumos médicos y la propia vida de los pacientes mexicanos. Urge que hoy mismo se publique la evaluación técnico-económica o en su defecto se detenga este proceso viciado antes de que sea demasiado tarde.

Alianza México-Japón en biotecnología médica y genómica

El STS Forum Latam 2025 -inspirado en el STS Forum de Japón, realizado el 4 y 5 de diciembre en Cuernavaca por la Secretaría de Economía que encabeza Marcelo Ebrard, marcó un gran banderazo que busca consolidar a México como el principal hub de innovación científica y tecnológica de América Latina y el Caribe. Reunió a 184 ponentes, a más de 5,900 participantes de 39 países, y la presencia del ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Ryosei Akazawa, simbolizó la alianza estratégica afianzada México-Japón, especialmente en biotecnología médica y genómica, campos donde ambos países han identificado enormes oportunidades de co-desarrollo de terapias avanzadas, medicamentos biológicos y plataformas de acceso equitativo. Durante el evento, Ebrard anunció el incremento del fondo de ciencia y tecnología a 1,600 millones de pesos para 2026, con prioridad explícita en proyectos de biotecnología para la salud, mientras Akazawa destacó que la ciencia constituye “el puente más sólido” entre ambas naciones. Esta colaboración promete acelerar la transferencia tecnológica, reducir costos de tratamientos innovadores y garantizar que los avances en terapias génicas y en fármacos biosimilares lleguen efectivamente a la población de la región, combinando la capacidad industrial japonesa con el talento y la visión mexicana.