Lectura 6:00 min
Congreso entrega 27 contratos diarios bajo adjudicación directa
El análisis de las contrataciones públicas realizadas por el Congreso evidencia serias deficiencias de transparencia de la información.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
El Poder Legislativo federal otorgó, entre 2018 y 2024, 70,836 contratos de adquisiciones, servicios y obras públicas; comunicación social; honorarios; arrendamientos, y asignaciones, convenios y concesiones por un monto de 35,734.1 millones de pesos, informó la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“Las contrataciones del Congreso de la Unión siguen ocurriendo en esquemas sin competencia real y con un alto porcentaje de adjudicaciones directas, por dedazo”, cita el reporte Las contrataciones públicas en la Cámara de Diputados y de Senadores de 2018 a 2024. Poder, opacidad y discrecionalidad.
Refiere que el “fenómeno” del método de adjudicación directa ya había sido detectado en el caso del Poder Ejecutivo Federal —ocho de cada 10 contratos se entregan así— “al menos durante la última década’’.
Del total de contratos, detalla, ambas cámaras legislativas otorgaron, en promedio, 27 diarios por 13.8 millones de pesos.
“Para el caso de la Cámara de Diputados, esto representa un gasto promedio de 6.8 millones de pesos y 15 contratos entregados cada día, mientras que para el Senado de la República implica un ritmo de 6.9 millones de pesos repartidos en 12 contratos diarios”.
Casos extremos
“Al identificar 18,167 de los 70,836 contratos que registran información sobre el tipo de procedimiento y que fueron otorgados entre 2018 y 2024, destaca que la adjudicación directa se utilizó, en promedio, para 81.2% de los contratos de la Cámara de Diputados (por un monto de 8,642.4 millones de pesos), mientras que en el Senado de la República este método de asignación directa de contratos se utilizó en 90.7% de los casos”.
De acuerdo con el documento de 165 páginas, en 2020 se alcanzó la cifra más alta de contratos por adjudicación directa del periodo referido: 94% en el Senado y 88% en la Cámara Baja, y enfatiza que “hay casos extremos, como los contratos de comunicación social y publicidad, donde el 100% se otorgó” por dicho método.
Precisiones sobre la información difundida por MCCI el 17 de junio de 2025
Respecto de la información difundida por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), relativa a los contratos suscritos por el Senado de la República durante el período 2018 – 2024, se hacen las siguientes precisiones:
1. MCCI afirma que hubo opacidad en la información del Senado, lo que su propio reporte desmiente, porque todas las cifras que incluye fueron descargadas, como lo dice la propia organización, de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
La información que encontró esta organización fue oportunamente subida a la PNT, como lo avala el hecho de que el INAI, la institución que MCCI defiende, haya calificado, año con año, de 100 por ciento el grado cumplimiento del Senado en sus obligaciones de transparencia. No puede hablarse, en consecuencia, de falta de transparencia ni de opacidad en la Cámara de Senadores en ese periodo.
2. Las cifras que maneja MCCI sobre contratos y montos, tanto totales, como en promedio diario, se refieren a rubros que tienen naturaleza y regulaciones jurídicas distintas, a saber:
a) Contratos de obras, bienes y servicios,
b) contratos de comunicación social;
c) convenios y
d) contratos de honorarios.
Resulta totalmente fuera de lugar e inadecuado querer incorporar al universo de contrataciones públicas los contratos de honorarios y otros, si además se pretende catalogarlos como de adjudicación directa. Los contratos de personal por honorarios son por naturaleza contratos de prestación de servicios que no están sujetos a las normas de adquisiciones.
Por eso los números del documento de MCCI son exorbitantes y fuera de lugar. Es falso que 90 por ciento de las contrataciones se haya dado por asignación directa, tal como se aclara en la presente nota.
3. Según la propia base de datos de MMCI, que puede verse en su portal, los contratos del Senado de la República sujetos a las regulaciones de la Ley de Adquisiciones, Obras y Servicios son únicamente 4 mil 471, esto es, un promedio de 745 contratos por año, dos por contratos por día, y de ninguna manera 15 contratos por día, como expone en su informe.
4. Dice MMCI en su reporte que durante el periodo de análisis el Senado de la República realizó 31 mil 628 contratos, cuando la suma de contratos que esa organización muestra en su portal solo llega a 22 mil, incluyendo los contratos de honorarios, que constituyen más del 50% del universo de contratos, y que, como ya se dijo, indebidamente clasifica en el rubro de adjudicación directa, lo que es erróneo, pues la contratación por servicios personales no es materia de la Ley de Adquisiciones, Obras y Servicios. Cabe apuntar, además, que los contratos por honorarios son renovables periódicamente, por lo que no se trata de un contrato por persona, además de que hay alta rotación del personal, en función de los requerimientos de los legisladores.
5. Como la propia información de MCCI apunta, durante el periodo el Senado de la República solo suscribió 4 mil 471 contratos, pedidos y ordenes de servicios, sujetos a la Ley de Adquisiciones, Obras y Servicios. Una revisión detallada permite observar que: a) del gasto derivado de estos contratos, 62 por ciento correspondió a contrataciones a través de licitación pública y b) que el gasto total en contratos de obra, bienes y servicios fue en ese período de 5 mil 985 millones de pesos (equivalente a un promedio anual de gasto de 997.5 millones de pesos), monto muy lejano de la cifra de 17 mil 860 millones que se menciona en el informe.
En resumen, 3 mil 730 millones de pesos (62 por ciento de 5 mil 985 millones de pesos) fueron contrataciones vía licitación pública nacional, lo que refleja claramente la enorme discrepancia entre los datos reales y los datos presentados por MCCI.
6. Durante la administración 2018 – 2024 del Senado de la República los ejercicios anuales fueron revisados por la Auditoría Superior de la Federación. Además del programa de la propia ASF, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el entonces senador Ricardo Monreal, envió cada año un oficio al titular de la ASF para solicitarle que se realizaran auditorías a los contratos del Senado, especialmente a aquellos que por su monto y características fueran relevantes. Las recomendaciones y observaciones de los ejercicios anuales de 2018-2023 quedaron totalmente solventadas. Las auditorías del ejercicio 2024 están en curso.