Caso de Dafne, punta del iceberg de la supervisión a escuelas

El feminicidio de Dafne Zapata, una joven de 13 años que murió durante un campamento de la Academia “militarizada” Marina Doenitz en Tamaulipas, y otros casos similares que han salido a luz, es una muestra de la falta de regulación y supervisión que hay por parte de las autoridades educativas hacia este tipo de escuelas, por lo que cerrarlas de tajo parece ser una medida burda ante la problemática real, señalaron expertas educativas

Tras darse a conocer la muerte de Dafne en esta academia que mostró patrones de abuso, falta de supervisión, impunidad y participación de personas sin formación docente en este tipo de establecimientos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que las escuelas militarizadas son irregulares, por lo que iniciaría la cancelación de registros, a la vez que prohibió y ordenó el cierre definitivo de este tipo de planteles.

Aunado a que expresó que habrá un plan de acompañamiento para las y los estudiantes que ya estaban inscritos en estos planteles para encontrar otras alternativas educativas en el próximo ciclo escolar.

Patricia Vázquez del Mercado, presidenta de la organización educativa Mexicanos Primero, destacó que la situación de las escuelas militarizadas en realidad es la punta del iceberg de una conversación más profunda que lleva pendiente durante años, que es la de cómo la autoridad educativa supervisa el funcionamiento de las escuelas particulares o de las escuelas privadas, pero sobre todo cuánto y cómo le falta garantizar la seguridad y la integridad física de las y de los estudiantes que en ellas eh asisten.

“Nos parece que esta situación lo que nos refleja es el pendiente, el abandono y sobre todo una tarea que está incumplida de parte de la autoridad en términos de garantizar la integridad y la seguridad física, psicológica y emocional de las y los estudiantes en cualquier institución educativa de este país”, señaló.

En este sentido, consideró que tomar una decisión de “rajatabla” a través de comunicado para cancelar todas las instituciones que tienen a lo mejor alguna tendencia o escuela militarizada, no es una solución de fondo, pues destacó que para cerrar este tipo de instituciones se necesita iniciar un proceso jurídico específico que no se resuelve de la noche a la mañana, por lo que también se debe garantizar el derecho a la educación de los estudiantes que están inscritos en estas instituciones ya para el siguiente ciclo escolar.

“Entendemos que es una solución inmediata, pero la solución de fondo es entender no solamente la situación de estas escuelas militarizadas, donde las y los niños y jóvenes permanecen largas estancias, sino también es un llamado a la atención a revisar, también otras instituciones que están en situaciones similares. Llamémosles albergues indígenas o casas de niño indígena, los internados de las normales rurales, etc…”, añadió.

La experta también enfatizó que no por ser escuelas militaristas son malas, o se debe estigmatizar como una institución con disciplina extrema, pues se debe analizar que quizás algunas familias pueden estar interesadas en la disciplina positiva que pueden ofrecer estas escuelas militarizadas, “en donde hay acciones que se emprenden a favor de regular las emociones”.

“Medida burda”

Por su parte, Paulina Amozurrutia, directora de Educación con Rumbo, señaló que la medida tomada por la SEP sobre la prohibición de este tipo de “educación militarizada” es “una medida que no va a la raíz del problema.

Destacó que ante esta problemática se debió de dar “un seguimiento más puntual a este tipo de metodologías de la educación. Revisar por parte de las autoridades los programas educativos y la matriz curricular, a fin de puntualizar los contenidos pedagógicos y las herramientas de enseñanza y aprendizaje, no solo prohibir de tajo”.

Además de señalar que hasta este momento no se ha publicado un programa nacional de transición o reubicación para los alumnos que estaban inscritos en escuelas militarizadas, por lo que al ser planteles privados, lo que se puede esperar es que los alumnos busquen inscribirse en otra escuela.

No obstante, advirtió que “no hay registro oficial único sobre cuántas escuelas militarizadas hay en México pero sin duda hacer un cierre abrupto sin pensar en la matrícula y el proceso de reubicación de los alumnos es una medida burda”.