Alertan que vicios de viejo sistema penal persisten

Aunque en las últimas dos décadas México ha impulsado una transformación profunda en su sistema de justicia penal —incluyendo la transición al modelo acusatorio y la creación de fiscalías autónomas—, la procuración de justicia sigue enfrentando rezagos estructurales que impiden su consolidación, advirtió México Evalúa en su estudio “Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia”.

El informe señaló que, si bien las reformas legales han representado avances importantes, la efectividad del sistema depende menos del marco normativo y más de la capacidad real de las fiscalías para investigar delitos, tomar decisiones estratégicas y rendir cuentas.

Uno de los principales hallazgos del estudio fue la persistencia de una brecha entre el diseño institucional de las fiscalías y su funcionamiento diario. A pesar de que el sistema acusatorio debió consolidarse desde 2016, la organización explicó que en muchas entidades aún prevalecen prácticas del modelo inquisitivo, como la dependencia del expediente escrito en lugar de investigaciones estratégicas.

El análisis identificó además problemas recurrentes como el uso excesivo del archivo temporal, el bajo aprovechamiento de acuerdos reparatorios y los limitados niveles de judicialización de casos, lo que impacta en la resolución efectiva de delitos y en la atención a víctimas.

Según el Inegi, hasta el 2024, había más de 2.6 millones de investigaciones pendientes de resolución en las fiscalías estatales, el dato más alto desde 2016 (442,860) y más 400% en comparación con ese año.

Propuestas

México Evalúa propuso diseñar planes de transición hacia modelos de investigación estratégica; fortalecer el servicio profesional de carrera y la evaluación del desempeño ministerial; implementar sistemas digitales de gestión de casos con trazabilidad y análisis criminal; desarrollar indicadores de resultados que midan la eficacia real de la justicia, definir políticas claras de persecución penal con prioridades diferenciadas, entre otras.