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Ve AI falta de fundamentos para que militares dispararan a jóvenes

Andrés Pacheco, subdirector de Derechos Humanos en Amnistía Internacional (AI) México, explicó que es válido que una persona civil, al escuchar un estruendo o ruido muy fuerte pueda entrar en pánico, pero es preocupante que las Fuerzas Armadas, por su entrenamiento, actúen como lo hicieron con los jóvenes.

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Militares regresaron el pasado domingo por la tarde para llevarse una camioneta tras lo cual se enfrentaron con vecinos. Foto: Reuters

Andrés Pacheco, subdirector de Derechos Humanos en Amnistía Internacional (AI) México, explicó que es válido que una persona civil, al escuchar un estruendo o ruido muy fuerte pueda entrar en pánico, pero es preocupante que las Fuerzas Armadas, por su entrenamiento, actúen como lo hicieron con los jóvenes.

Vemos que su propio comunicado (de la Sedena) dice que escucharon un ruido fuerte, digamos un estruendo, que ante eso accionaron sus armas.

“Eso nos parece muy preocupante, en Amnistía Internacional, porque ahora resulta que un ruido muy fuerte o algo que no se acercan a comprobar los hechos de las cosas, resulta que activan sus armas de manera letal como lo estamos viendo en este caso”, comentó el especialista.

Al respecto de que los militares no debieron usar sus armas largas para dispersar las protestas de los familiares y vecinos, como lo muestran videos cargados en redes, Andrés Pacheco explicó que “los lineamientos del organismo de Naciones Unidas nos permiten tener esos parámetros, pero también el pacto internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 21, que habla sobre el derecho de reunión”.

Afirmó que la forma en que dispersaron a las personas que les reclamaban por el asesinato de los jóvenes y quienes estaban grabando, no son la forma en la que los cuerpos policiales o las Fuerzas Armadas deberían gestionar una protesta o el desacuerdo en el espacio público.

“Las formas en las que contemplan los mecanismos para gestionar el espacio público y la seguridad pública no son adecuadas para hacerlo, mediante un enfoque de seguridad, que es además altamente letal y nos preocupa desde Amnistía Internacional que esa sea la norma del uso excesivo de la fuerza”, argumentó.

Aumenta la violencia

El especialista señaló que AI, por más de 16 años, ha señalado que apostar por un modelo militarista en tareas de seguridad incrementa la violencia e incrementa la letalidad.

Señaló que, aunque algunas personas podrían llegar a sentirse más seguras con la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que se ve en los datos es que no es así.

“Podemos ver que en el Sistema de Alertas de Violación de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la Guardia Nacional – tan sólo en 2022 – registró 577 quejas en su contra y esto puede ser quejas por diferentes temas… nos preocupa que apostarle por este paradigma militarista, no sólo este Gobierno, sino los sexenios anteriores, siga siendo la norma”, concluyó.

Al cierre de 2022, el gobierno de México informó que tenía un total de 93,416 efectivos desplegados de la Guardia Nacional en todo el país, lo que equivale a un total del 88% del total de miembros de la institución.

Según la información recolectada, en el reporte El norte de México: Claroscuros de una región desigual, del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, en la zona centro-norte del país, en diciembre 2022, habían un total de 43,060 elementos desplegados.

Proceso de Sedena

De acuerdo con versiones periodísticas cuatros elementos del Ejército, que estuvieron implicados en la masacre de cinco jóvenes el pasado domingo, fueron vinculados a proceso por el delito de desobediencia.

Este proceso contra los elementos castrenses sería distinto a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República sobre el caso.

La imputación que se le hace a los militares se basa en el reporte entregado por uno de los superiores de estos, y que evidencia que el personal desatendió la orden de dejar de disparar contra la camioneta, en la que viajaban las víctimas, durante la madrugada del pasado domingo 26 de febrero.

politica@eleconomista.mx

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