La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que la iniciativa de reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que recientemente envió la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) sea dictaminada y que en esta Legislatura se concluya el procedimiento.

La propuesta incluye incrementar las penas por los actos relacionados con la portación ilegal de armas de fuego, explosivos y de accesorios, y se elimina la sanción administrativa; con las reformas a los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, las sanciones pasarían de tres meses a tres años de prisión, a un castigo de cinco a 10 años y decomiso a quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir.

En un comunicado de prensa, la CDHDF indicó que es importante recordar las obligaciones derivadas del Tratado sobre Comercio de Armas de Naciones Unidas, del que México es parte y que busca prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío “con el fin de contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional y reducir el sufrimiento humano derivado de la violencia con armas de fuego”.

“La urgencia de legislar respecto al control de armas de fuego porque la violencia que causan es una violación sistemática al derecho a la vida y genera condiciones que dan lugar a diversas afectaciones a otros derechos humanos como la libertad, la integridad personal, la salud y la seguridad”, detalló.

Acotó que datos de Amnistía Internacional indican que 75% de las muertes debidas a violencia armada no se produce en situaciones de conflicto: “En lugares como América Central, la violencia intrafamiliar y los homicidios de mujeres se cometen frecuentemente con armas pequeñas, compradas en el mercado negro”, puntualizó.

El organismo de derechos humanos capitalino explicó, con datos de México Evalúa, que en el 2017 los homicidios perpetrados con arma de fuego representaron 65% del total de casos en nuestro país, por lo que espera que la iniciativa tenga como base el respeto a los derechos humanos y que su finalidad esencial sea la reinserción social a partir del trabajo, la educación, la salud y el deporte.