La Ley General de Archivos que se discute en el Senado de la República busca dotar a la ciudadanía de acceso irrestricto a los documentos que conforman la historia pública de la nación y con ello garantizar a las personas el derecho a la información para transigir documentos que son testimonio y memoria de las administraciones públicas.

No obstante, a pesar de que la discusión de la regulación ya ha avanzado en casi 80 %, parece que se ha detenido en sus puntos finales, tal vez los más difíciles de cabildear debido a la necesidad de separar a la Secretaría de Gobernación (Segob) de los procesos de resguardo y consulta de los documentos históricos, pues en la actualidad, es de esta dependencia de donde se desprende el Archivo General de la Nación (AGN).

Ramón Aguilera, investigador de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), señala la impostergable necesidad de separar de la Segob al AGN, así como las consecuencias que podría traer el esquema actual que lo ubica como órgano desconcentrado de la dependencia.

Entre los archivos que se pueden encontrar en el AGN están documentos que van desde memorias históricas de batallas icónicas por la independencia del país hasta las bitácoras de las autoridades en casos contemporáneos como la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968; el Jueves de Corpus o la Matanza de indígenas en Acteal, Chiapas en el año de 1977.

Consideramos que mientras siga pegado a gobernación hay dos cosas; primero el presupuesto no está garantizado como lo estamos viendo hoy en día y, la segunda, es la tentación de que se maneje la información con fines políticos(...) el hecho de tratar documentos del siglo XIX puede tener una connotación política, como cuidar la imagen de un partido como en el movimiento del 68 y lo que representa , dice.

Una parte importante de la estructura del AGN y cómo se conduzca con posterioridad, es el Consejo Nacional de Archivos (Conarch), el cual será es el encargado de crear las regulaciones secundarias de operación.

En este sentido algunas organizaciones de la sociedad civil han pedido que este consejo sea lo más abierto posible, asimismo han pugnado porque sea integrado por profesionales en la materia y no se maneje como un cargo político, como se ha hecho hasta el momento.

En el articulo 35 del anteproyecto de la Ley General de Archivos, se propone que el Conarch estaría integrado por el secretario de Gobernación, quien lo presidirá, un representante de la Cámara de Diputados y otro del Senado, un representante del Poder Judicial, un representante del AGN, un representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), otro representante de la Auditoría Superior de la Federación, así como un representante de los archivos de las instituciones de educación superior.

Por su parte, el investigador de México Evalúa y profesor de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, dice que el hecho de que la Segob sea la encargada de resguardará los archivos de la nación y tenga injerencia en las decisiones sobre su resguardo, es un retroceso en muchos sentidos .

El dejar el control en la Segob como tienen contemplado en la propuesta me parece un despropósito, peor aún, el AGN que tiene que llevar el recuento de mucha de esta información está recibiendo recortes presupuestales mayúsculos, más de 80 por ciento .

Actualmente en la página Change.org se impulsa una solicitud de firmas para dejar sentada en la ley cuestiones claras como la designación de que los archivos históricos sean designados de forma explícita como fuente de acceso público, terminología que corresponde a la Ley General de Protección de Datos Personales, de manera que no abra la posibilidad a espacios de opacidad o contradicción .

La petición, creada por investigadores e historiadores mexicanos concluye que el acceso a los documentos históricos que esta iniciativa pone en riesgo es fundamental para la memoria del país, de sus comunidades, de sus grupos sociales y de todos y cada uno de los individuos que son parte de México y de su historia .

La petición lleva recaudadas hasta el momento 2,276 firmas, de las 2,500 que se necesitan para presentarse ante la Cámara Alta.