Al cumplirse hoy tres años de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), las víctimas siguen sin encontrar justicia y los delitos van en aumento. Actualmente, de cada 100 delitos cometidos sólo se denuncia 6%, lo que muestra que el sistema no es confiable para los ciudadanos, y las autoridades de los tres niveles de gobierno han abandonado su implementación, alertaron expertos.

María de los Ángeles Fromow Rangel, exsecretaria técnica del desaparecido Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setecc), sostuvo que el desmantelamiento de esa instancia en el sexenio pasado fue un grave error que ha impedido que gobernadores, fiscalías, procuradurías, policías, jueces, ministerios públicos y poderes judiciales asuman su compromiso de implementar el sistema.

“Cuando Setecc desapareció, países expertos como Chile, Costa Rica y Colombia, que habían logrado éxito en su sistema de justicia penal, supieron que no iba a haber una instancia coordinadora, y en ese momento dijeron que estábamos cometiendo el peor de los errores, porque necesitábamos un compromiso de todos para que el sistema de justicia tuviera una consolidación. Eso se cortó y no hay una voluntad de continuarlo”, dijo Fromow.

Consideró que a tres años de la entrada en vigor en todo el país del NSJP se han tenido avances como las reformas al Artículo 19 constitucional para aumentar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, entre ellos la portación de armas. Sin embargo, “de cada 100 delitos que se cometen, sólo se denuncia 6.8 por ciento. Y aquellos que se atreven a denunciar encuentran largas filas para ver que su investigación pueda trascender en una fiscalía. Ésa es una realidad que estamos viviendo”, expuso.

Alertó que si no se implementa el sistema de justicia penal entre todos los operadores, con una metodología y un proceso claro de coordinación, y se combina con una verdadera política criminal e investigación científica, “los datos que hoy tenemos, de un incremento muy superior en los hechos delictivos, seguirán”.

Mencionó que el NSJP tiene grandes retos, entre ellos que no se ha despresurizado el cúmulo de carpetas de investigación que existía, por lo que aumentó también el número de carpetas de investigación en espera de ser resueltas. Detalló que existe falta de capacitación y coordinación entre policías, ministerios públicos, peritos y agentes de investigación, así como de analistas.

Añadió que hay un déficit de unidades de medidas cautelares, que son fundamentales para hacer los perfiles de riesgos que determinan si una persona debe o no permanecer en prisión preventiva. Precisó que también se está lejos de cumplir con la Ley de Justicia para Adolescentes y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales. Otro reto del NSJP es instrumentar sistemas de información o telecomunicaciones que permitan la interconectividad entre todas las instancias operadoras del sistema y que reduzcan los márgenes de corrupción y permitan una mayor eficacia.

“No podemos olvidar que el 18 de junio del 2016 era sólo el inicio de un gran comienzo, que era lograr esta justicia penal para todos los ciudadanos, y era indispensable tener una vía a largo plazo para ir ajustando lo necesario, para que este sistema lograra un equilibrio. Los expertos nacionales e internacionales señalaban entre ocho y 15 años mínimos de trabajo continuo, acelerado, permanente, coordinado, para que lograra funcionar adecuadamente. Así que a tres años todavía la deuda de nuestro sistema de justicia penal es muy grande, y requerimos un esfuerzo coordinado, trasversal, en todas las instancias del Poder Ejecutivo, de las fiscalías, y de los poderes judiciales de los estados, para que de manera coordinada se pueda evaluar e identificar las deficiencias que tiene el sistema, y profesionalizar lo que este sistema requiere.

“Estoy segura de que si ponemos en marcha este sistema como fue diseñado en su momento vamos a cumplir con lo que establecía, que se hiciera justicia penal en nuestro país, procurando la justicia para las víctimas, no poniendo a inocentes en las cárceles, sino aquellos que cometieron verdaderamente un ilícito, y sobre todo lograr la reparación del daño, que es el fin último de la justicia.

“Estamos en un momento muy delicado, con preocupación lo digo (por el aumento de los delitos), pero con un gran aliento para que esto funcione”, aseveró.

En tanto, la activista Isabel Miranda de Wallace opinó que el Sistema ha sido utilizado por los delincuentes y sus defensores para argumentar la violación al debido proceso y a los derechos humanos con la finalidad de ser puestos en libertad, e incluso absueltos.

“Yo creo que, tan no está funcionando que estamos igual. Solamente está llegando a juicio lo que se detiene en flagrancia; se está quedando en camino la investigación de delitos.

“Se han dado muchas cargas (a los operadores del sistema), pero no les han dado los recursos necesarios. Eso afecta el sistema. Sí me parece que habría que hacerle ajustes. Tengo entendido que el señor fiscal general de la República (Alejandro Gertz) está planeando hacer ajustes al sistema, porque seguimos quedándonos con lo mismo, con 1% que llega a juicio o sentencia”, comentó.

Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró que se debe ser pacientes para que el NSJP ofrezca resultados.

“Hay evidencia de algunos avances. Parece que el sistema de justicia funciona mejor que lo que teníamos tradicionalmente, pero no funciona sustantivamente mejor porque no ha logrado una transformación del país, a tal punto de abatir la corrupción, la impunidad.

“Sigue presentando muchas deficiencias que tienen que ver con la mala capacitación de tuvieron los operadores del sistema, con la poca inversión en infraestructura y operativa. Por ejemplo, no hay una eficaz cadena de custodia en los delitos”, puntualizó.

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