Con el traslado de más de 8,500 reos de centros de readaptación social (Cereso), prisiones municipales y estatales de 31 estados a 22 centros federales de readaptación o reinserción social (Ceferesos), se logró despresurizar un tercio de las cárceles del país, sostiene el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).

En reporte, expone que 8,403 personas acusadas de delitos federales ingresaron a Ceferesos, con lo que se evitó el posible aumento del hacinamiento y la sobrepoblación en centros penitenciarios estatales detonantes de fugas, reyertas, motines o autogobierno, los cuales quedaron ahora bajo supervisión y operación de los 31 estados y Distrito Federal.

Las entidades que fueron beneficiadas ante la serie de fugas masivas, autogobierno y motines que se registraron del 2006 al 2012 son: Zacatecas, Tlaxcala, Aguascalientes, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, el resto será responsabilidad de la nueva administración federal, al quedar el Sistema Penitenciario Federal bajo directrices de la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con el programa de desarrollo penitenciario de diciembre del 2006 al 2012, implementado por la anterior administración, se logró la modernización y ampliación de la infraestructura existente, con lo que se obtuvieron 11,200 espacios más.

El informe Alcance de la Estrategia Penitenciaria sostiene que del total de internos trasladados (15,600), son 13,716 los reos sentenciados o sujetos a proceso por delitos del fuero federal; del fuero común pero calificados por los gobiernos de los estados con perfil de alta peligrosidad son 1,884 reos.

El informe explica que, de acuerdo con los compromisos asumidos con las autoridades estatales y municipales, el agente del Ministerio Público de la Federación tiene la obligación a recluir en los Ceferesos a los responsables de delitos de carácter federal, graves o no.

Los internos del fuero federal en Ceresos estatales o reclusorios, como son conocidos en el DF, serán trasladados a centros federales, así como los internos que requieran medidas especiales de seguridad o vigilancia, pero, a partir del 1 de enero del 2013, la continuidad o nuevas políticas serán a criterios de las nuevas autoridades.