Sólo tenemos castillos de arena para combatir la violencia contra las mujeres: Ana Pecova

En México hemos construido castillos de arena para atender la violencia contra las mujeres: tenemos fiscalías especializadas, alertas de género, centros de justicia, pero sólo son espacios físicos que no cuentan con los recursos que necesitan para atender debidamente a las víctimas, afirmó la directora ejecutiva de EQUIS Justicia para las mujeres, Ana Pecova.

La dirigente de esa organización de la sociedad civil fundada en 2011, dijo que lo importante es dotar a esas instituciones no sólo de más personal para poder hacer frente a la demanda que tienen, sino bien preparado y con el presupuesto necesario para operar como exige la realidad actual.

Lo grave, añadió, es que la dotación de recursos humanos y materiales para esos lugares no están en las leyes, entonces dependen totalmente de la voluntad de los gobernadores a la hora de diseñar los presupuestos de egresos de sus entidades. “Si un gobernador hoy quiere tenerlos está bien, pero si mañana no le parece, igual de fácil los puede quitar porque no están en la ley”.

En el caso concreto de las fiscalías especializadas, Pecova explicó que la precariedad en la atención no sólo está en que hay víctimas que tienen que atravesar toda la ciudad para llegar a sus oficinas, sino que, además de eso, se encuentran con que no hay el personal preparado para atenderlas.

Mencionó que uno de los instrumentos de política pública que debe perfeccionarse en esos lugares son las órdenes de protección para personas que se encuentran en situación de riesgo inminente y que contempla diferentes medidas que permitan alejar a las mujeres de sus agresores.

En estos momentos, consideró, ese tipo de órdenes casi no se utilizan principalmente porque las autoridades no conocen sus obligaciones y recurrentemente ocurren casos en los que ministerios públicos, fiscales, policías y funcionarios del poder Judicial se pasan la pelota unos con otros. 

La activista comentó que se han llegado a casos extremos en los que las órdenes de protección se han emitido hasta 28 meses después de que fueron solicitadas, como ocurrió en Campeche, lo cual resulta hasta ridículo.

También citó como ejemplo un caso en Puebla, donde funcionarios de la Fiscalía hicieron ir a una persona a The Home Depot a comprar una bolsa de plástico para envolver el cadáver de su familiar. 

En el caso de las Alertas de Genero mencionó que han sido una simulación. Refirió que en el Estado de México se invirtieron alrededor de 11 millones de pesos, pero se destinaron a comprar tazas, plumas, chalecos y calcomanías con logotipos que dicen “Ni una más” y sólo una cantidad mínima para capacitación. 

En el caso concreto del poder Judicial, Ana Pecova, consideró que el primer gran problema ahí es la opacidad con la que opera. “Nosotros en este momento no podemos saber de qué tamaño es el problema porque está cerrado el acceso a sentencias. Lo poco que vemos es bastante problemático porque son violaciones graves a los derechos humanos”.

8M y 9M no eran meta; son plataformas

Al hablar sobre las movilizaciones y el paro de mujeres ocurridos el 8 y nueve de marzo en la Ciudad de México y distintas ciudades del país, Pecova dijo que constituyen manifestaciones históricas, y recalcó que no eran un objetivo, sino una plataforma para expresar la fuerza del movimiento feminista.

Destacó que tuvieron como propósito expresar el enojo que tienen por la violencia que impera contra ellas.

Ahora, una vez que lograron un apoyo amplio de todos los sectores sociales, principalmente empresas privadas, escuelas, incluso autoridades, lo importante es que esto no se quede en un acto simbólico, sino que realmente se utilice esa oportunidad reflexionar y mirar cuales son los obstáculos que muchas mujeres enfrentan para ejercer a plenitud sus derechos, abundó.

En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, la directora ejecutiva de EQUIS Justicia para las mujeres dijo que les toca también una tarea importante y tiene que ver con exigir, proponer, monitorear las intervenciones gubernamentales con el fin de que ofrezcan mejores respuestas.

Ahora, añadió, el reto es cómo construimos alianzas y apoyo más allá del movimiento. “Lo que toca ahora es trabajar y es una tarea de todos: primero a las autoridades, principales las instituciones encargadas de procuración de justicia que tienen que fortalecer la respuesta institucional a las víctimas de delitos cuando acuden a ellas las víctimas en busca de ayuda”, agregó Ana Pecova.

diego.badillo@eleconomista.mx