El Senado de la República inició esta mañana el Parlamento Abierto para analizar la iniciativa de reforma al Poder Judicial que fue suscrita por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la cual promete combatir el nepotismo, la corrupción y acabar con la impunidad dentro del Poder Judicial, así como garantizar una justicia eficaz por parte de Jueces y Ministerios Públicos. 

La intención de la mayoría de Morena en el Senado, es aprobar esta misma semana el dictamen, tanto en comisiones como en el pleno. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no es la intención imponer nada, sino que su aprobación se busca por consenso.  

La iniciativa firmada por el Ejecutivo Federal propone modificar siete artículos de la Constitución; expedir dos nuevas leyes federales: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, y reformas a cinco ordenamientos legales. 

El proyecto se compone de 21 cambios. Uno de ellos, que la Suprema Corte de Justicia deje de ser un tribunal de legalidad, y se concentre en la constitucionalidad. Para ello se propone reformar el 105 constitucional con el fin de que el Alto Tribunal no analice cuestiones de legalidad, sino que se concentre en analizar las violaciones directas a la Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Establece que la materia de las controversias es concretamente la constitucionalidad de las normas, actos u omisiones de los entes legitimados. 

La iniciativa pretende consolidar un sistema de carrera judicial basado en igualdad de oportunidades y mérito, con el establecimiento de un marco normativo sistematizado, congruente para regular la carrera judicial. Planea la creación de un Registro Único de Servidores Públicos de la Carrera Judicial, así como la Posibilidad de impugnar los resultados de los concursos de oposición. 

Plantea el fortalecimiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción al designar órganos jurisdiccionales especializados. Asimismo, regular las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial con la armonización del marco normativo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la clasificación de sanciones administrativas. 

Busca crear mecanismos de prevención y combate al nepotismo, relaciones familiares y corporativismo judicial. Se impulsa una Escuela Federal de formación judicial en el Poder Judicial de la Federación incluyendo a la Defensoría Pública Federal. 

Menciona criterios de excelencia y controles estrictos para la ratificación de juzgadores, y se busca el fortalecimiento de los precedentes de la Suprema Corte a través de la jurisprudencia por precedentes. 

jorge.monroy@eleconomista.mx