El secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, reconoció que en la administración saliente se impusieron diversas sanciones a más de 49,000 personas -que van desde amonestaciones hasta de tipo penal- por actos de corrupción, desvío de recursos y sobornos; sin embargo, evitó mencionar en qué casos se aplicaron castigos penales, pues -dijo- eso corresponde a la PGR, ya que se entregó la documentación correspondiente.

Mencionó que las personas sancionadas tenían cargos desde directores de área, hasta mandos altos. En el primer caso se encuentran al menos 9,500, quienes incurrieron en actos de corrupción en licitaciones, incluso en la contratación de compras y obras públicas.

Alrededor de 2,000 fueron para empresas y personas físicas.

Las dependencias en donde se detectaron mayores irregularidades son, principalmente, aquellas que cuentan con ventanillas de atención al público, como el ISSSTE, Comunicaciones y Transportes, Pemex y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sin embargo, dijo, algunos casos en donde se detectaron prácticas de corrupción se quedarán pendientes, como es el caso de Pronósticos Deportivos, una auditoría al ISSSTE, Fovissste.

Confió en que la siguiente administración tendrá toda la documentación sustentada para seguir con la aplicación de sanciones, y que no se le pasen los plazos para garantizar el combate a la corrupción.

Al participar en la Semana Nacional de Transparencia, el funcionario federal mencionó que las sanciones aplicadas van desde las amonestaciones, inhabilitaciones, hasta penales; aunque en este caso la PGR es la dependencia encargada de difundir los datos, pues tiene en su poder la documentación que entregó la Secretaría de la Función Pública y corresponde a la PGR realizar las consignaciones.

Es la herencia que dejamos, estoy consciente de que hicimos el trabajo que teníamos que hacer y muchas veces se nos fueron algunos, pero lo cierto es que al que agarrábamos y lográbamos determinarle alguna irregularidad, lo sancionábamos .

Morgan Ríos destacó que también hubo casos satisfactorios, pues en las revisiones hechas por la dependencia que encabeza salieron muy bien las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Salud y Sagarpa.

Ante la posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública desaparezca, Morgan Ríos se limitó a mencionar que este asunto le tocará definirlo a la siguiente administración; aunque la defendió al argumentar que la dependencia no sólo combate la corrupción, también fomenta la transparencia.

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