La Secretaría de la Función Pública (SFP) tardó cinco años en detectar un fraude por 1,800 millones de pesos, donde están involucradas cinco exfuncionarios y cuatro empresas.

De acuerdo con la dependencia, se trata del mayor fraude detectado por la SFP en contra de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), organismo en liquidación.

Las empresas presuntamente involucradas son Remetsa, propiedad de Juan Guzmán Cabrera, Claudio Arvizu Téllez y David Reséndiz Alba; así como Remesare, Cicloaceros y un grupo de negocios en Sonora propiedad de José Fernando Sánchez Alarcón.

A estas empresas, los cinco exfuncionarios le entregaron de manera ilegal más de 52,000 toneladas de vías férreas, rieles, durmientes, clavos y planchuelas propiedad de la Federación con un valor superior a 1,800 millones de pesos. Aunque era considerado como chatarra, se trataba de acero de alta calidad.

Ayer, la SFP denunció penalmente ante la PGR a cinco exservidores públicos, que estaban adscritos a FNM, por causar un presunto daño patrimonial.

Entre el 2003 y el 2005, FNM realizó cuatro licitaciones para vender chatarra mediante subasta pública.

Crean adeudo

Sin embargo, no entregó todos los bienes licitados que consistían en desechos ferrosos a las cuatro empresas adjudicadas, lo que generó un adeudo por 10.3 millones de pesos en aquel entonces, detalló Salvador Vega Casillas, titular de la SFP.

Para saldar la deuda, los exservidores del organismo en liquidación entregaron de manera ilegal el material por un valor a 1,800 millones de pesos, a pesar de que los involucrados carecían de facultades legales, además de que no dieron aviso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni solicitaron la autorización de la SFP.

Los involucrados son Enrique Alejandro Rivas Zivy, quien fungió como fiduciario especial de Banobras y fue el encargado del proceso; Efrén Alejandro del Pozo Castro, subdirector general jurídico, y Antonio Paredes Ruiz, subgerente de Servicios Especiales.

También se encuentra Saúl Román Tiburcio, jefe de Área de la Subdirección General Jurídica, y Pedro Rodolfo Muriel Salazar, jefe de Área C de la Subgerencia de Servicios Especiales.

Represalias

La SFP anunció la inhabilitación de los exservidores públicos por 11 y 15 años. Esta dependencia mantiene abiertos expedientes de responsabilidades administrativas adicionales que, probablemente, deriven en sanciones económicas para los cinco involucrados y que podrían ser de hasta tres veces el monto del daño ocasionado , sostuvo el Secretario.

Además podrían ser sancionados hasta con siete años de prisión y condenados al pago de la reparación del daño generado a las vías generales de comunicación.

A través de auditorías, la SFP descubrió que los hoy exservidores públicos actuaron de manera irregular, al disponer de bienes sujetos al régimen de dominio público propiedad de la Federación.

Dispusieron de bienes que no son sujetos de comercio; además, no cumplieron los requisitos legales para desincorporar dichos bienes, como lo establece la Ley General de Bienes Nacionales .

Dichas vías férreas tenían una extensión de más de 590 kilómetros y un peso de más de 52,000 toneladas de acero de la más alta calidad.

Estaban divididas e instaladas en cinco tramos: en Chihuahua, de La Junta a Ciudad Juárez; en Michoacán, de Caltzontzin a Uruapan; en Durango, de Purísima a Regocijo; en Jalisco, de Ocotlán a Atotonilco, y en Puebla, de Axochiapan a Atencingo.

FNM fue una empresa paraestatal de México creada luego de la expropiación realizada por Lázaro Cárdenas del Río en 1938 y desincorporada del Estado por el expresidente Ernesto Zedillo. Actualmente, FNM es una compañía del Estado que se encuentra en proceso de liquidación.

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