La ASF advirtió que el aumento de víctimas de violencia en el país y la reducción de recursos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) causarán, en el corto plazo, que las labores de esta comisión se vean comprometidas, al tiempo que sus acciones serán insuficientes para atender la demanda en los próximos años.

Esto último, sin tomar en cuenta que en 2020 el Congreso de la Unión optó por eliminar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), el cual, a consideración de la Auditoria, era trascendental debido a su influencia en la determinación e implementación de las medidas de protección y, sobre todo, de reparación integral en la política de atención a víctimas.

 A través de su revisión a la Cuenta Pública de 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que la proyección de la erogación de recursos de la CEAV no es consistente con la evolución de los egresos observados de 2014 a 2019, pues el número de medidas y víctimas, así como el monto erogado, han presentado un crecimiento mayor al de los ingresos del FAARI.

La Auditoría detalló que pese a que del 2014 a 2019, se observado un crecimiento en el monto de recursos otorgados a la CEAV, así como en el número de víctimas atendidas mediante el FAARI, al pasar de 47,039 millones de pesos en 2014 a 980,124 millones de pesos para 2019 y de 174 víctimas en 2014 a 8,118 en 2019, los ingresos presupuestarios del fondo disminuyeron,” por lo que de continuar con esta tendencia, los recursos de éste, o de cualquier instrumento similar para proteger a las víctimas, serán insuficientes para atender la demanda en los próximos años”.

En consecuencia y de mantenerse el diseño e instrumentación de la política pública de atención a víctimas, bajo las condiciones actuales, “se espera que no sea posible identificar a la población susceptible de recibir atención por parte del Estado y, respecto de la atendida, que se desconozca el efecto de las medidas implementadas en su beneficio, en razón de si éstas restablecieron su proyecto de vida”, añadió la ASF.

Además de que se determinó que, dado que la disponibilidad de los recursos del fondo no es consistente con el crecimiento de su erogación, su sostenibilidad y suficiencia están comprometidas, por lo que los egresos superarán a los ingresos en el corto plazo.

Asimismo, se advirtió que aunado a esta problemática, para determinar los importes de los apoyos a otorgar a las víctimas, la CEAV no contó con una normativa interna, disposiciones, criterios o directrices, por lo que depende de la discrecionalidad del Comité Interdisciplinario Evaluador y las direcciones generales de Asesoría Jurídica Federal y de Atención Inmediata y Primer Contacto, situación que pudiera dejar en desventaja a una víctima que en condiciones similares a otra obtenga apoyos por montos inferiores.

Finalmente, la ASF considero que la implementación de la política de atención a víctimas tiene deficiencias en el diseño y en la totalidad de sus componentes, por lo que, como resultado de su operación, las instituciones a cargo de ella carecen de información para conocer en qué medida la instrumentación de medidas de protección y reparación integral fueron cumplidas con oportunidad y suficiencia y, en consecuencia, no acreditan cómo es que su labor promueve el desarrollo de resiliencia en las víctimas que les permita superar su vulnerabilidad y restablecer su proyecto de vida.

“No existen diagnósticos de la población total susceptible al acceso a medidas para su beneficio, ni de la población objetivo de la política, y no se cuenta con un marco normativo definido de actuación entre las autoridades de la política, situación ocasionada por la ausencia de un diseño normativo claro y preciso, así como por las ambigüedades identificadas en los aspectos programático y de rendición de cuentas”, subrayó en ente fiscalizador. 

kg